Eduardo García Manzano

El derecho a no soñar

El entrañable Borges relató en una conferencia una pesadilla propia: en una calle tan familiar como extraña, ve la figura de alguien que sabe que conoce; a medida que se aproxima, percibe con temor que algo indefinido ha afectado terriblemente a ese conocido, quien oculta una mano sobre el corazón; cara a cara, el temor cede ante la compasión; en el abrazo, la mano oculta se descubre presentando la forma de la garra de un pájaro.

Lo que le fascinaba a nuestro cuentista argentino era la forma narrativa de esa pesadilla, muy simple y, por ello, plenamente significativa. El elemento de la mano oculta es una anticipación perfecta producida por un sujeto que abandona temporalmente su estado de consciencia, vaya, que duerme, que sueña.

Sueños y pesadillas son experiencias improbables. Pueden recordarse, tal vez interpretarse, pero no se planifican, no se elaboran. Esta afirmación responde a una regularidad observada y, por tanto, se transforma en norma: lo que no responde a una elaboración planificada no es real, es un sueño o una pesadilla.

A partir de esta norma, preguntas obligadas: ¿sueña despierta la ciudadanía que cree estar viviendo realmente en una democracia? Si para muchos la democracia auténtica es un sueño y la real una pesadilla, ¿estamos lo suficientemente despiertos como para demostrarnos que comprendemos cómo se elabora planificadamente el proceso democrático, legitimando así nuestra participación? ¿Cómo responderíamos ante una consulta ciudadana para determinar qué clase de democracia prefiere la mayoría? ¿Tendría sentido que la mayoría eligiera democráticamente cancelar la democracia? Lo tendría, y sería el mismo que el de una consulta, antes de la instauración de la democracia, para aceptar o rechazar a la propia democracia.

Paradojas aparte, no toda la ciudadanía aceptaría la justificación y explicación de que la naturaleza del proceso democrático es puramente formal. Sin contar a políticos y académicos, la mayoría, en cuestiones formales, no sabemos ser neutrales, sin elementos sustanciales, tangibles, lo formal nos parece pura mecánica y obediencia ciega.

El imaginario social no parece dispuesto a aceptar que el proceso democrático determine exclusivamente cómo lograr la soberanía ciudadana, ya sea por vía directa o por medio de la representación, es decir, que sólo facilite la determinación del quién o quiénes y del cómo, eliminando la sustancia, el qué. Si los valores democráticos son puramente formales, entonces ¿no compromete la acción democrática a ninguna ideología? ¿Se puede ser neofascista y demócrata? ¿Se puede ser rico y demócrata? ¿No votar y ser demócrata?

El proceso democrático se caracteriza, entre otras cosas, por imponer la competencia, la confrontación y la negociación políticas. El objetivo de estas acciones es facilitar las condiciones para que se materialice una determinada realidad económica y social sin ningún atributo asociado a la democraticidad. Esa realidad se podrá valorar para su posible modificación por medio del proceso democrático, legitimando la dimensión ideológica de esa valoración. Al hacerlo, se cancelará formalmente la posibilidad de que la valoración ideológica tenga como objeto al propio proceso democrático.

Todo lo anterior representa para mí una pesadilla elaborada y planificada. La interpreto como una anticipación del descubrimiento de hasta qué extremo llega la contaminación de elementos que pertenecen a la dimensión económica del capitalismo: competencia, confrontación y negociación. ¿Dónde están los valores formales que legitiman la solidaridad y la cooperación?

No confundas, me dice entonces una vocecilla siempre inoportuna, el estado democrático y el de derecho y sus procesos vinculados correspondientes. Nuevas preguntas obligadas: ¿son la totalidad de las leyes de un estado democrático democráticas? ¿No responden la mayoría a la apropiación política de una figura jurídica: la tutela?

Aun incapacitado o infantilizado, silencio a la voz preguntándole dónde esconde el formalismo democrático el obstáculo para una apropiación tan radical y extrema. Ya en plena rabieta, acabo cuestionando que exista alguna constitución, garantía exclusiva del estado de derecho, con el imperativo de evitar curatelas o tutelas políticas. Una ciudadanía incapacitada no decide voluntariamente delegar, quedando sustancialmente excluida del proceso democrático.

Lamentablemente, la pesadilla continúa al aparecer en el horizonte la posibilidad de elaborar un sueño planificado, una utopía, donde acepto incondicionalmente la pureza formal del proceso democrático si, y sólo si, activa los principios de acción solidaria y cooperativa. No tarda entonces la vocecilla en celebrar mi torpeza, mi ineptitud en estas arenas movedizas, pues reconocer esa naturaleza formal no le aporta contenido alguno a la solidaridad o a la cooperación: la primera puede manifestarse apoyando un linchamiento público, la segunda, perpetrando cualquier clase de acto criminal colectivo.

Como la vocecita no desiste, señalando que tal vez ahora confunda el estado constitucional de derecho con el estado primigenio, el que no precisa de ninguna clase de adjetivo para detentar el monopolio de la fuerza, acabo refugiándome en la mitología y dejo que fluyan las imágenes idílicas: aparecen nuestros ancestros practicando el arbitraje privado, autoridades que imponían la paz obligando a los hombres a desistir del uso privado de la fuerza hasta que los méritos del caso fuesen considerados; poco después, la consolidación del proceso jurisdiccional y la transformación de las ciudades homéricas en auténticas ciudades-estado.

Si la civilización es el resultado de una renuncia y transferencia del uso de la fuerza, la coerción estatal no puede ser ni de lejos una condición necesaria y suficiente para evitar las regresiones, se precisa además de alguna clase de compensación sustancial, que se inclinará, obviamente, hacia los más fuertes de la comunidad, ¿o acaso el estado y el proceso jurisdiccional han eliminado los privilegios entendidos como leyes privadas, individuales? ¿Lo ha hecho, entonces, la democracia desde su pureza formal?

Como bien reconocía la sabiduría popular, la buena voluntad y las buenas intenciones pueden producir un auténtico infierno, la máxima expresión de la pesadilla. Los formalistas de la pureza pretendían desideologizar al estado, al proceso jurisdiccional y al democrático. Lamentablemente, la pureza ha acabado por beneficiar de nuevo a los más fuertes, ésos que siguen negando la existencia de derechos sociales por no ser integrables en la tecnología de la protección jurídica, lo que finalmente es una proyección de la situación que caracteriza exclusivamente a los privilegios.

Curiosamente, las peores pesadillas son como aquélla de Borges, las que parecen responder a una planificación elaborada, haciendo previsible el aumento exponencial del horror. Tan previsible como la jugada política de haber blindado la democracia, condenando al reino de la improbabilidad la decisión ciudadana sobre qué clase de democracia desea, la soñada.

Y ésta es, en definitiva, la cuestión central de este artículo: el deseo de soñar que algún día podremos tener el derecho a no soñar. La pureza no es patrimonio exclusivo de lo formal: iniciemos, por tanto, una desideologización de nuestra anémica cultura democrática identificando las emociones que la conservan; tal vez logremos llegar a un territorio formal y sustancialmente común, el espacio en el que sueños y pesadillas sólo afectan a los durmientes, pues los despiertos han alcanzado el estado de una verdadera comunidad. 

11/2011

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