Sociedad civil catalana, infraestructuras y crisis de la democracia: algunos cuentos chinos

Joaquín Dodero Curtani

"Quien recurre a la sociedad civil como fórmula mágica
pronto se encontrará con una fórmula vacía"
(Norbert Lechner,
La problemática invocación de la sociedad civil)

Finalizado el bochornoso espectáculo ofrecido por una buena parte de la clase política catalana a lo largo del debate, negociación y aprobación del nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña, parece haberse operado una mutación en el discurso político del nacionalismo catalán en lo atinente a la cohesión ciudadana: de un discurso de cuño espiritual y esencialista (mil años de historia, el relato del mito fundacional de las cuatro barras, etc.) a uno mucho más sólido y pragmático, como es el del cemento y el ladrillo .

No es casual que tras los datos sobre la baja participación ciudadana (tanto en el referéndum del nuevo estatuto, como en las últimas elecciones autonómicas) en los últimos meses hayan sido frecuentes los titulares de prensa en los cuales se ha invocado a “la sociedad civil catalana” como un todo indivisible. Estas invocaciones generalistas suelen acompañar a demandas referentes a infraestructuras públicas, en especial en materia de transporte. Este uso del marchamo “la sociedad civil catalana” omite fracturas sociales y silencia intereses contrapuestos que plantean tales o cuales reivindicaciones concretas.

Algunos editoriales y comentaristas, en una muestra de papanatismo sin límites, han bendecido la asunción de tales reivindicaciones de forma acrítica, sin matices ni prioridades, como fórmula de recuperación del maltrecho prestigio de la clase política catalana. Da la impresión de que se pretende sustituir un sistema de legitimación ciudadana obtenida por las urnas, por otro basado directamente en la sociedad civil.

Los peligros que esto conlleva para la democracia quedan ejemplificados en la morfología de un publicitado Acto reivindicativo celebrado en nombre de esta, nuestra, sociedad civil. El pasado 22 de marzo tuvo lugar en la elitista Escuela de negocios IESE, vinculada al Opus Dei, un acto en el que se demandaba desde Catalunya la gestión directa del Aeropuerto del Prat y la obtención de conexiones transoceánicas para el mismo.

El acto fue convocado por la Cámara de Comercio de Barcelona. De esta entidad hay que decir que obtuvo su legitimación por una Sentencia del Tribunal Constitucional que impuso la afiliación obligatoria a los comerciantes, y que en sus últimas y recientes elecciones internas participó el 3% de su censo electoral (9.000 comerciantes de un censo de 300.000). Otro de los convocantes fue el Real Automóvil Clubde Cataluña (RACC), un laberíntico combinado empresarial de sociedades mercantiles y fundación privada que ha obtenido del poder político el reconocimiento de representante de los conductores de automóvil. El tercer convocante fue la patronal “Foment del Treball”.

No creo que fuera el altruismo y el fervor patrio lo que reuniera en la primera fila de los participantes en el acto al Director General del omnipotente grupo “La Caixa”, al Consejero Delegado de Abertis (concesionaria de autopistas y de la gestión de aeropuertos, parkings, parques logísticos, etc., y participada por “La Caixa”) o al Presidente de la Asociación de Promotores de Cataluña (es decir, del sector “del tocho y del cemento”), entre otros destacados patricios y directivos de grandes empresas.

En el marco de tan democrático e ilustre acto, tras un breve discurso de dos catedráticos de economía (uno ex-diputado socialista, el otro ex-consejero de universidades en el periodo pujolista) y de otro conocido Profesor de IESE, los convocantes se autoproclamaron comisionados para plantear al Presidente Montilla —quien les recibió inmediatamente— las reivindicaciones sobre el Aeropuerto del Prat. Desde algunos editoriales se reclamó incluso que fueran recibidos por el Presidente Rodríguez Zapatero.

No parece que por esta senda vaya a obtenerse una gestión más democrática de la empresa estatal Aena y del aeropuerto del Prat, sino una privatización de la gestión del mismo.

Para superar la crisis de la democracia liberal, alguien nos propone una plutocracia.

5/2007

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