IRPF: neoliberalismo que no cesa

Albert Recio Andreu

La actuación del Gobierno Zapatero muestra, en muchos campos, que efectivamente es posible hacer políticas diferentes. Pero también que existen limites estructurales a esta libertad de movimiento que no se pueden o no se quieren tocar. Y es en el campo de la política económica donde estos límites son más evidentes. La propuesta de reforma del IRPF constituye una nueva muestra de lo poco que se diferencian en algunos campos las políticas de unos y otros cuando ejercen el poder. Es posible que el nuevo modelo incorpore algunos avances marginales respecto al modelo anterior (el cálculo preciso es siempre complejo y requiere realizar simulaciones que están fuera de esta nota de urgencia), especialmente en el nuevo tratamiento del mínimo personal. Pero se trata sólo de cambios marginales, que no afectan a gran parte del contenido básico del modelo.

Hay tres cuestiones que parecen básicas al respecto. En primer lugar la insistencia del Gobierno en reducir la carga del IRPF (el titular del día era que se bajará una media del 6%). El segundo es la persistencia de un trato discriminatorio favorable a las rentas del capital (la gran mejora consiste en aumentar el tipo del 15 al 18% y someter a esta cotización los planes de pensiones). Y el tercero los recortes en los tipos máximos (del 45 al 43%), así como el del Impuesto de Sociedades (del 35 al 30%, aunque aquí es posible que la reducción de descuentos tenga algún efecto compensatorio) y una nueva reducción en el número de tramos (con tres legislaturas más llegaremos a aplicar la tasa única que propugnaba un desnortado aspirante a ministro de Economía que acabó en otra cartera).

Reducir impuestos, especialmente impuestos directos, es uno de los leitmotivs de las políticas neoliberales. Y es también el resultado perverso del tipo de marketing electoral que domina la esfera política que tiende a limitar todo debate serio y a tratar al votante como un mero consumidor de dádivas políticas. Es bien conocido que el nivel de carga fiscal del país está en los niveles más bajos de la Unión Europea, más de 5 puntos por debajo de la media (un 41,5% en el conjunto frente a sólo un 36-36,5% en España). En impuestos bajos solo superamos a Portugal, Chipre, Malta, Irlanda y alguno del Este de Europa (Polonia, Chequia y los bálticos). Países todos ellos caracterizados por una débil provisión de bienes y servicios públicos. Y una de las necesidades básicas de nuestro país es mejorar sustancialmente la cantidad y calidad de muchos servicios públicos y las transferencias a los sectores más desfavorecidos. En definitiva, un crecimiento de la provisión pública que sólo puede hacerse aumentado el peso de los ingresos públicos. Insistir en el deseo de bajar los impuestos es una forma de eludir un debate básico sobre prioridades sociales y hacerle creer a la ciudadanía que puede exigir al Estado prestaciones sin ser corresponsable de sus costes. Con irresponsables y desinformados nunca se alcanzará un modelo social que garantice el pleno desarrollo social.

Sabemos además que el modelo actual de IRPF es enormemente injusto y regresivo en cuanto a la carga fiscal. En la práctica se reconoce que es casi un mero Impuesto sobre Rendimientos del Trabajo, del tipo que se trató de imponer en los años terminales del Régimen franquista. Quizás no todo lo dejaron atado pero si bien orientado a favor de los intereses de los grupos dominantes. La nueva reforma aporta poco para cambiar esta decisión. Las rentas del capital seguirán teniendo un trato diferencial, con el pseudoargumento de que hay que fomentar el ahorro privado. Y es cosa bien conocida que el nivel de ahorro está directamente relacionado con el nivel de renta y patrimonio de cada cual, por lo que el trato preferente al ahorro tiene un sesgo clasista y antiigualitario innegable. El recorte en la cotización máxima contradice además parte de la mejora introducida con el aumento de cotización a las rentas del capital, con lo que posiblemente la única mejora en lo que respecta a progresividad se reduzca a aumentar la contribución de los asalariados con mayores salarios y reducir un poco la de los salarios más bajos. “Solidaridad dentro de una misma clase” se llama a este ejercicio, el único al que se reducen las políticas de la tercera vía en la que hace años estamos instalados y que nos dejan en vía muerta.

El diferente tratamiento fiscal no explica todo el desequilibrio fiscal entre rentas salariales y del capital (incluidas las llamadas “rentas mixtas”: los ingresos típicos de las empresas familiares y muchos autónomos). Una gran parte de la desigualdad es también el fruto de la muy superior capacidad de evasión fiscal de los no asalariados. Para estos evasores la mera reforma del impuesto no cambia las cosas, mientras sigan contando con el nivel de impunidad del que tradicionalmente gozan. Hay evidencia que bajo el Gobierno del PP esta impunidad fue promocionada (reduciendo las inspecciones y sanciones), pero tampoco en esto se ha producido un giro radical. El término “economía sumergida”, tan popularizado, sirve más para despistar que para aclarar conceptos, pues sugiere que estamos en presencia de redes paralelas que se desarrollan en un inframundo difícil de conocer (más o menos como la sociedad ratonil que reside en las cloacas de cualquier ciudad). Sabemos en cambio que una parte de esta tarea de evasión ocurre a la luz del día: basta tratar de adquirir una vivienda en cualquier promotora para que a uno le especifiquen qué porcentaje debe “pagar en negro”. No parece difícil pensar que un buen grupo de agentes de Hacienda podrían llevar a cabo acciones ejemplares contundentes que redujeran sensiblemente estas prácticas. De la misma forma que es en las labores agrícolas a pleno sol donde abundan los contratos y los pagos ilegales. Pero hace años que nadie en el poder plantea en serio esta cuestión de justicia y las políticas de inspección se limitan a una práctica burocrática que difícilmente pasa de hollar la punta del iceberg. Y es que en tiempos neoliberales los presuntos magos socialdemócratas se han transmutado en meros administradores de políticas sociodisminuidas.

2/2006

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