La televisión de Cataluña ha informado de los despidos de SEAT en Martorell de un modo poco frecuente, contando los dramas y frustraciones de las personas afectadas, y no sólo los “problemas económicos y financieros” de “la empresa” derivados de la feroz competencia que impera en una economía globalizada. Aparte del escándalo de los despedidos de la CGT, con medidas de represalia por motivos ideológicos que violan los derechos amparados por la Constitución, se han podido escuchar en los telediarios a mujeres y hombres contando sus historias individuales. Una persona llevaba 17 años en la empresa. Otra quedaba “colgada” con una hipoteca de la vivienda. Una tercera invocaba su avanzada edad. Y así sucesivamente. Una vez más, historias de seres humanos rebajados a la categoría de cosas, de factores productivos, de material desechable. Los dueños del capital gozan de soberanía sobre las vidas de cientos y miles de personas que han contribuido durante años a llevar adelante la empresa y a generar beneficios para los accionistas, y que una vez despedidos quedan privados de sus recursos de vida y hasta de supervivencia.

Si el capital privado no puede garantizar la subsistencia de los trabajadores, queridos Reyes Magos, ¿por qué no socializarlo? Hay varias fórmulas posibles, desde la propiedad cooperativa hasta la estatalización, pasando por otras formas, incluso mixtas, de propiedad o intervención de otras administraciones públicas.

Si trabajar para el mercado implica siempre riesgos debido a las fluctuaciones de la demanda, ¿por qué no constituir conglomerados de empresas cooperativas que cubran el suministro de distintos bienes y servicios, reduciendo así las incertidumbres? De esta manera, si disminuye la demanda de automóviles, se puede destinar parte del personal y de la inversión a otras líneas cuya demanda esté en alza. La polivalencia sería un seguro contra las incertidumbres del mercado. Además, si los trabajadores son los dueños, estarán interesados en políticas de empresa que garanticen los lugares de trabajo. (Se puede criticar a la corporación de cooperativas de Mondragón por varios motivos, pero durante más de 20 años han sorteado la crisis industrial vasca sin perder un solo puesto de trabajo de los más de 60.000 socios cooperativistas.) En estos momentos, las industrias ligadas al ahorro energético y a las energías renovables pueden ser industrias con futuro, sobre todo si los gobiernos hacen políticas de fomento de las mismas. ¿Por qué resignarse a la política de tierra quemada del gran capital?

El gasto en vivienda en España, ya sea el pago del alquiler o el de la hipoteca, consume la mitad de los ingresos de los españoles. ¿Qué políticas podrían acabar con esta situación? ¿Socializar el suelo? ¿Modificar el modelo tributario de los municipios para evitar que los ayuntamientos caigan en la tentación de favorecer ilimitadamente la obra nueva? ¿Aumentar la inversión pública? ¿Fomentar las cooperativas de viviendas, de promoción sindical u otra? Sabemos que la enorme especulación con el suelo y la edificación y el lavado de dinero negro ha contribuido al aumento desorbitado de los precios. Se ha sugerido proclamar el derecho a la vivienda como un derecho básico. No es mala idea: se trata de una necesidad básica que todo el mundo debería poder satisfacer sin grandes sacrificios (hay viviendas de sobras para todos en el país). Ahora que tanto se habla de reformar la Constitución valdría la pena considerar la introducción en ella de este nuevo derecho básico. Claro que ello no exime de buscar soluciones materiales al problema. Ya sabemos que la proclamación constitucional de un derecho no garantiza su ejercicio efectivo, como muestra lamentablemente el “derecho al trabajo” proclamado por nuestra actual Constitución. Sería, sin embargo, un refuerzo moral y político a los esfuerzos que se hicieran para hacerlo efectivo.

¿Por qué, ciudadanos Gaspar, Melchor y Baltasar, las cajas de ahorros no cumplen una función realmente social, función para la cual fueron creadas hace un siglo? ¿Por qué han acabado convertidas en bancos convencionales? ¿Por qué no son más que centros impulsores de negocios capitalistas y de concentración de poder político-económico? Dado que no son empresas privadas, sino semipúblicas, ni siquiera un gobierno decente tendría que expropiarlas. Bastaría dotarlas de directivos adecuados y de políticas sociales, devolviéndoles las finalidades para las que fueron creadas. Con el potencial financiero que tienen las cajas, ¿no podrían promoverse políticas de vivienda racionales, fomentarse el cooperativismo, financiarse industrias ecológicamente sostenibles?

Como veis, queridos Reyes Magos, ni siquiera pedimos regalos, sino respuestas a unas cuantas preguntas. Cuando las tengamos, tal vez seremos capaces de movilizarnos para lograr las soluciones. Saludos republicanos.