Agustín Moreno

La educación no debería ser un campo de batalla político

El Gobierno ha informado que tramitará una nueva ley de Educación: la LOMLOE y derogará la LOMCE de 2013. Este anteproyecto de ley se llevó al Congreso en febrero de 2019, el mismo día que se disolvían las Cortes, por lo que no podía tener ningún recorrido. Ahora se vuelve a presentar el mismo texto y va a ser aprovechado por el Gobierno actual para agilizar los plazos para su aprobación. Pero la LOMLOE es solo del PSOE. Por eso es necesario que en el trámite parlamentario se modifique en todo aquello que refleje el acuerdo de Gobierno con Unidas Podemos (UP) en materia de educación y que se recojan las enmiendas que plantea la comunidad educativa.

Ya comenté en diciembre los acuerdos PSOE y UP para la formación del Gobierno de coalición progresista. El resumen de los mismos se refleja en el título del artículo: Los cambios en educación dependerán de cómo se concreten. Una nueva ley y otra política educativa permitirían fortalecer la educación pública siguiendo el modelo de casi todos los países europeos. Pero advertía que no está clara la suficiente apuesta por la red pública y por la reducción progresiva de la educación privada sostenida con fondos públicos.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, en su comparecencia del 20 de febrero al presentar la nueva ley centró el interés informativo en un tema colateral: el llamado “MIR educativo”. Aunque la formación del profesorado siempre se puede y se debe mejorar, los problemas más urgentes siguen siendo la precariedad, las elevadas ratios, las largas jornadas lectivas, la falta de medios o una organización escolar sin inclusividad. No debe haber señuelos que distraigan de los problemas de fondo de la educación en España: doble red segregadora, insuficiente financiación y adoctrinamiento religioso. Porque lo verdaderamente importante es el resultado final, que dependerá de si a través de las enmiendas se producen cambios sustanciales en estos temas citados.

Redes por una Nueva Política Educativa organizó un debate el 7 de febrero en el que participó una amplia representación de la comunidad educativa y representantes parlamentarios de los partidos PSOE, Unidas Podemos y ERC. Éstos entendían que la reforma supondrá un avance importante al derogar la LOMCE y reformular sus aspectos más lesivos. Destacaron los elementos de progreso de este proyecto, entre otros, la nueva concepción de educación permanente, de la educación infantil, la inclusión educativa, admisión escolar, enseñanza de la Religión, competencias estatales y autonómicas.

Pero en el debate posterior, los asistentes defendieron el Documento de Bases para una Nueva Ley de Educación y mostraron sus preocupaciones y dudas con el texto del Proyecto de Reforma por su falta de convicción y claridad en defensa de una escuela pública, laica, democrática e inclusiva. También manifestaron su inquietud con algunas de las medidas recogidas en relación con “la coeducación, gestión democrática y participada del sistema escolar y centros educativos con insuficientes canales estables y permanentes para la participación de las comunidades educativas, parcelación de currículo en asignaturas, limitada relevancia de la planificación escolar, falta de decisión sobre el papel de subsidiaridad de los conciertos escolares, débil referencia al papel del sistema educativo en temas de emergencia climática, financiación de la reforma, si la ley lleva aparejada una memoria económica que posibilite las medidas anunciadas y la reversión de los recortes en educación, etc.”

En el debate los representantes políticos expresaron la importancia de contar con el apoyo de los colectivos presentes durante el periodo de tramitación del proyecto de reforma. Se mostraron abiertos a la recepción de propuestas de enmiendas al texto, que serían trabajadas por los Grupos parlamentarios en la tramitación parlamentaria de la ley. En esta línea, el Foro de Sevilla, que apoya el proyecto de una ley educativa porque es necesario derogar la LOMCE y todas las medidas que promueven la desigualdad y la selección del alumnado, hemos remitido a los partidos políticos 101 enmiendas de calado que esperamos sean recogidas.

Desde Mareas por la Educación Pública se han planteado movilizaciones en las distintas Comunidades Autónomas para el día 28 de marzo, con el horizonte de una movilización conjunta, en Madrid para mayo. Probablemente serán críticas, porque es difícil movilizarse en apoyo a una ley que no entusiasme si le falta ambición. Es seguro que otras movilizaciones las protagonicen la derecha, la Iglesia católica y la patronal privada. Y ello, aunque no vean realmente sus intereses perjudicados, porque hace mucho tiempo que han convertido la educación en un campo para la batalla política y se han empeñado en un peligroso proceso de privatización.

La utilidad de la nueva ley para el sistema educativo y el futuro de la sociedad española radica en si va a detener y revertir el proceso de desmantelamiento de la educación pública. De lo contrario, no servirá para nada la nueva Ley de Educación. Si no impide, por ejemplo, maniobras privatizadoras como el decreto de escolarización del Gobierno de Andalucía que elimina las garantías de existencia de plazas públicas suficientes, obliga a las familias a pedir centros públicos y concertados, y que ha hecho que se convoque una huelga en el sector para el 4 de marzo por todos los sindicatos . O si no evita la negativa a construir centros públicos, que se concierten enseñanzas no obligatorias (bachilleratos) y se trasfieran cada vez más recursos públicos a la privada, como hace Díaz Ayuso en Madrid.

Si no consigue evitar la segregación socioeconómica y no blinda la Educación Pública, la ley que sustituya a la LOMCE será una ley inane incapaz de reformar con visión de futuro la educación para el siglo XXI. Es una buena ocasión para apostar por una ley valiente que garantice el derecho a una educación pública de todos y para todos. No la desaprovechemos.

 

[Fuente: cuartopoder.es]

24/2/2020

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