Manifiesto por la soberanía constitucional

I

Preámbulo

El ciclo de crisis más largo y serio en la historia del capitalismo después del de 1929 ha puesto de rodillas a las clases populares y a grandes sectores de las clases medias de las economías maduras. Un ciclo generado por la guerra de clase desde arriba desencadenada por las élites políticas y financieras de Estados Unidos y Europa, desarrollada en la Unión Europea a través del mercado único y el euro. El proceso de globalización y financiarización de la economía, junto a las políticas de endeudamiento público y privado impuestas por las organizaciones supranacionales (FMI, Banco Mundial y UE), han alimentado y multiplicado de forma desmedida la desigualdad y la injusticia, factores de un posterior agravamiento de las divergencias y del estancamiento. En este contexto, Italia ha sufrido un proceso radical de desindustrialización y empobrecimiento debido también a la vocación rentista de las familias históricas de su capitalismo.

Para hacer frente a esta situación, debe señalarse que, contrariamente a lo que las izquierdas reformistas o radicales creían en particular después de 1989, el camino hacia la soberanía democrática a nivel europeo es impracticable por profundas razones culturales, lingüísticas e históricas. Los “Estados Unidos de Europa” o la llamada “democratización de la Unión Europea” son un espejismo conservador de un orden neoliberal basado en la devaluación del trabajo y el vaciamiento de la democracia constitucional.

La única vía para restablecer el valor social y político del trabajo es la revitalización de la soberanía popular y nacional: significa centrarse en la aplicación de los principios de la Constitución del 48 y su espíritu de solidaridad y orientación socialista es esencial para reconstruir tanto las funciones económicas y sociales del Estado democrático como una renovada forma de economía mixta. Esta es la vía para relanzar nuestra vocación industrial, generar el pleno empleo, gobernar el mercado y restituir a los ciudadanos, a través de los partidos, el poder de incidir en la orientación general del país. Lo que necesitamos, por lo tanto, es un auténtico patriotismo constitucional.

II

Por un patriotismo no nacionalista

El patriotismo que la Constitución exige a los ciudadanos no es un anacronismo histórico, un residuo de la necesidad de redimir a la nación de los veinte años fascistas, fue y sigue siendo un valor cívico fundamental, un sentimiento fundacional de la comunidad democrática, lo opuesto a la degeneración ideológica del nacionalismo.

La izquierda es responsable de haber regalado a las derechas el monopolio del lenguaje patriótico. En cambio, es necesario reivindicar esa tradición que, desde Maquiavelo hasta la Resistencia, pasando por la Revolución Francesa, ha identificado el amor a la patria con el amor a la República como una forma libre de vida, como fraternidad y solidaridad entre los ciudadanos que aman a su propio país y sus instituciones en la medida en que garanticen a todos vivir como libres e iguales, en paz y seguridad.

Este sentimiento es compartido por todos los ciudadanos de una comunidad territorial determinada, independientemente de su origen étnico y su religión, ideología, género, etc. Es un sentimiento de protección dado y recibido, por lo tanto no es agresivo y reconoce la igualdad de derechos y dignidad a las otras patrias. Sin embargo, no es un sentimiento abstracto: está encarnado en un lugar, en un idioma, en una cultura, en una palabra en un pueblo y en sus instituciones.

Al mismo tiempo, la patria es un pueblo, un Estado y una nación: una unidad que es el fruto de una construcción política y no de una herencia ancestral de sangre.

Este patriotismo es, precisamente, un patriotismo constitucional, indispensable para generar lazos de solidaridad y, a la vez, una condición necesaria para políticas redistributivas y de justicia social.

III

Por una defensa intransigente de la Constitución de 1948

En la medida en que refleja la convergencia histórica entre las culturas del socialismo y el cristianismo social, nuestra Constitución pretende promover un reequilibrio de la relación de fuerzas entre las clases sociales en favor de los más débiles, principalmente los trabajadores, estableciendo el principio según el cual la dignidad de las personas se afirma a través del trabajo, que requiere políticas de pleno empleo, acceso general al trabajo y su distribución sin discriminación de género, raza, religión u orientación sexual. Por lo tanto implica, en la fase histórica que tenemos ante nosotros, la reducción del tiempo de trabajo sin reducción salarial, basado en el principio de trabajar menos y trabajar todos y el establecimiento de programas de “Trabajo de ciudadanía” realizados directamente por las administraciones públicas.

Finalmente, reconoce en el conflicto entre el capital y el trabajo un instrumento insustituible de emancipación personal y colectiva. Así como reconoce el conflicto como un impulsor de la democracia política y económica y, para este fin, requiere que las autoridades públicas promuevan las condiciones para una confrontación equilibrada entre las fuerzas sociales y trabajar para prevenir la despolitización generada por el mercado.

Es por estas razones que nuestra Constitución no le gusta a las grandes finanzas internacionales. Y es por estas razones que ha sido manipulada por las “reformas” neoliberales implementadas por nuestros partidos de derecha, centro e izquierda (como el artículo 81, que prohíbe las políticas económicas keynesianas o el artículo 117, que vincula los Tratados Europeos a la Constitución misma).

Es por estas razones que choca con los Tratados europeos centrados en el principio de competencia y el de la estabilidad de precios. Por eso es necesario reafirmar que los principios fundamentales de la Constitución italiana prevalecen sobre los Tratados europeos e internacionales y que las limitaciones de la soberanía se admiten solo en igualdad de condiciones con otros estados y solo para promover esos principios fundamentales.

La Europa coherente con nuestra Constitución no es la Unión Europea, sino una confederación de democracias nacionales soberanas que afronten juntas (pero no en antagonismo con el resto del mundo) los desafíos de la paz, la protección ambiental y la justicia social.

IV

Las tareas del Estado nacional

La insostenibilidad de la globalización, certificada por la reaparición del proteccionismo y la competencia interimperialista, es la prueba de que el supuesto fin del Estado-nación existe solo en la propaganda neoliberal y en la cháchara de una izquierda que ha reemplazado el internacionalismo socialista, que es la solidaridad entre las clases populares nacionales, con el cosmopolitismo capitalista. En este contexto, para defenderse de las políticas neoliberales, los intereses populares exigen protección y seguridad a sus respectivos Estados nacionales, conscientes de que solo ellos pueden ofrecerles la posibilidad de recuperar un mínimo de influencia sobre su destino. El Estado nacional vuelve a ser esencial para promover el pleno empleo, limitar y regular el mercado, y garantizar la función social de la propiedad privada.

La soberanía constitucional es, por lo tanto, condición para abolir la tiranía del principio de libre competencia, subordinándolo a la utilidad social y la dignidad de la persona. Con este fin, la moneda es una variable política decisiva, que debe ponerse al servicio del bienestar y la democracia constitucional.

Es fundamental una radical recualificación del Estado para superar los límites históricos conocidos y asumir la forma y el contenido del Estado de la Constitución de 1948: por la educación pública, la salud pública, los servicios básicos, la lucha contra la corrupción y el despilfarro y la conquista del control democrático del territorio sustrayéndolo de una criminalidad mafiosa cada vez más extendida en todo el país.

La revitalización de las funciones sociales del Estado es también condición para defender la unidad nacional. Detrás de la retórica sobre la “Europa de las regiones”, también utilizada para motivar la desafortunada reforma constitucional de 2001, se encuentra el deseo de debilitar el Estado nacional, concentrando el poder en instituciones supranacionales y delegando en instituciones como las regiones, sin capacidad real de planificación macro-económica, la simple gestión administrativa de las directrices adoptadas a nivel tecnocrático, de acuerdo con el principio de la gobernanza.

En este contexto, el principio de subsidiariedad hacia la autonomía territorial debe ser reconocido como un promotor de la cohesión social de toda la nación y no, como sucede con la asignación desequilibrada de recursos y funciones a las regiones ricas, de nuevas desigualdades entre el Norte y el Sur de Italia, hasta la ruptura sustancial de la unidad económica y social de la República.

V

Contra la movilidad incontrolada del capital, el trabajo, las mercancías y los servicios

La movilidad internacional de capitales, mercancías, servicios y personas debe estar regulada y limitada con respecto a la protección del trabajo, la justicia social y ambiental.

El mercado único europeo, fuente de desvalorización del trabajo y de vaciamiento de la democracia nacional, debe redefinirse para dar prioridad a la cohesión social respecto a la competencia.

El principio de regulación más favorable para el trabajador debe primar sobre el principio del país de origen o de destino.

VI

Regular la migración para combatir la xenofobia y evitar las guerras entre pobres

Tanto la xenofobia como el principio irreal de la recepción ilimitada (“sin fronteras”) son respuestas impracticables para afrontar el desafío epocal de la migración. De hecho, ignoran las causas reales de un fenómeno que requiere soluciones políticas.

Respecto a la inmigración en Occidente, si millones de seres humanos se ven obligados a abandonar sus países, es sobre todo porque el neocolonialismo de los países ricos sigue saqueando sus recursos y provocando guerras locales para repartirse las materias primas y los mercados, mientras las “reformas” impuestas por el FMI y el Banco Mundial incrementan la miseria.

Reiterando que no se puede cuestionar el derecho de asilo contra quienes han sido privados de las libertades democráticas ni el deber de solidaridad humana hacia las víctimas de las guerras y los desastres naturales, debe reconocerse que la regulación de las entradas, en relación con la capacidad efectiva de integración, es una condición esencial para ofrecer una recepción digna (hasta ius soli), que sea capaz de garantizar a los migrantes acogidos las condiciones de vida y de trabajo análogas a las de los ciudadanos autóctonos y, al mismo tiempo, evitar el dumping social con los residentes.

Juntos, el derecho a no emigrar debe ser afirmado, ya que la emigración no es un fenómeno positivo para el país de origen, mientras que todos deben tener el derecho a vivir y trabajar en condiciones dignas en su propio país: un derecho a defender con la solidaridad internacionalista entre las clases populares de los países ricos y los países pobres, llamados a luchar juntos para promover y fortalecer el derecho al desarrollo integral de todas las naciones.

VII

Tecnología y Mercado: Las necesidades individuales no son siempre derechos

La tecnología (y en cierta medida también la ciencia) no es “neutral” en el sentido de que el progreso tecnológico está profundamente integrado con otros procesos y sistemas sociales y refleja conflictos, necesidades e intereses.

Esto surge de la forma en que los avances tecnológicos recientes han ayudado a fortalecer el dominio del capital sobre el trabajo, intensificando las tasas y los ritmos de explotación, favoreciendo la deslocalización y aumentando el desempleo.

Surge de la contribución que la tecnología ofrece a la colonización por el mercado de los mundos vitales (útero de alquiler, mercantilización de órganos y material genético, monopolio de semillas modificadas genéticamente, etc.). Finalmente, surge del agotamiento de las esperanzas de democracia económica, política, social y de emancipación individual que habían suscitado los primeros pasos de la revolución digital.

La concentración monopolista ha cortado estas expectativas al permitir que las grandes empresas del sector obtengan un control total sobre los datos, los algoritmos y la propiedad intelectual, generando desigualdades sin precedentes y amenazando con alimentar formas reales de totalitarismo digital.

Es por ello que necesitamos establecer formas de control democrático sobre el uso del conocimiento tecnológico y científico, sobre la base del principio de que no todo lo que es técnicamente posible también es éticamente aceptable.

Y es por esto que debemos luchar contra el individualismo propietario que, al relacionar la viabilidad técnica, la conversión de la innovación en un producto comercial y la inducción de nuevas necesidades, convierte todo deseo subjetivo en “derecho”.

Por el contrario, los derechos y libertades que abren son bienes comunes que siempre deben entenderse junto con el sentido profundamente humano del límite, la dignidad de la persona y el respeto por la naturaleza.

VIII

Socialismo y ecología

La caída del Muro y la revolución neoliberal parecían haber borrado la palabra socialismo del léxico político. Hoy, esta palabra regresa con fuerza al centro de atención de países donde nunca había gozado del derecho de ciudadanía, como los Estados Unidos y el Reino Unido, donde líderes como Sanders y Corbyn no temen hacerla propia. Y recupera su legitimidad gracias a los movimientos populistas de izquierda, desde las revoluciones bolivarianas a Podemos, desde la Francia Insoumise a Aufstehen.

Por supuesto, el socialismo del siglo XXI no es el socialismo del siglo XX, del cual, sin embargo, no se ha realizado un balance crítico libre de prejuicios. Es un socialismo que en nuestro país puede y debe inspirarse en los principios constitucionales mencionados anteriormente, sin nostalgia por experiencias pasadas y recientes que no han podido ponerlos en práctica seriamente. Los principios de igualdad, equidad, solidaridad y justicia social que en el pasado hubieran sido denominados “reformistas” pero hoy, en el contexto de los desastres generados por el sistema neoliberal, asumen un valor objetivamente “revolucionario”.

El socialismo del siglo XXI no puede separarse de una vocación ecológica. Dados los desastres ambientales generados por un crecimiento orientado exclusivamente al beneficio privado y por la búsqueda del socialismo del siglo XX de los niveles de producción del capitalismo, hoy el eslogan “socialismo o barbarie” debería ser modificado a “socialismo o colapso ecológico del planeta”.

La responsabilidad humana hacia el medio ambiente como un patrimonio intergeneracional insustituible, como un patrimonio que debe conservarse y entregarse a las generaciones futuras, es también el terreno en el que el humanismo laico de la tradición socialista y el humanismo cristiano pueden encontrar una contaminación fructífera, como muestran las palabras del Papa Francisco en la Encíclica Laudato si!

IX

Los partidos y la democracia

Para que todos los ciudadanos contribuyan a determinar la política nacional, los partidos deben construirse como formas democráticas, como intelectuales colectivos, como plataformas de formación y selección de los grupos dirigentes de las instituciones de representación política.

La democracia es representativa y está vinculada a la función insustituible de los cuerpos intermedios, de lo contrario se convierte en plebiscitarismo, en la versión tradicional o social.

La soberanía popular se expresa a través de la centralidad del Parlamento y la libertad del mandato de cada parlamentario en representación de la nación.

X

Construir el sujeto político

Ninguna de las fuerzas políticas italianas actuales es capaz de reunir las indicaciones resumidas aquí. Ni las derechas ni las izquierdas reformistas, corresponsables de la desnaturalización en sentido neoliberal de la Constitución y de la integración subalterna de Italia en la Unión Europea. Ni las izquierdas radicales o antagonistas, sordas a los temas de la nación y el Estado. Tampoco las fuerzas gubernamentales actuales que, aunque critican la política de la Unión Europea y manifiestan algunas intenciones redistributivas (moderadas y contradictorias), parecen incapaces de impulsar —por condicionamiento de clase y/o ambigüedad ideológica— un giro necesario hacia una economía orientada y gobernada por el sector público.

La discusión y la profundización de los temas antes mencionados deben, por lo tanto, hacerse funcionales a la formación de una fuerza política, inspirada en los principios del socialismo, del cristianismo social y del ecologismo, capaz de restaurar la confianza y la esperanza de las clases populares, de responder a sus demandas de protección y seguridad social y de comprometerse con ellas necesidades en la construcción de un proyecto de país coherente con el programa de la Constitución republicana.

Traducción de konkreto.

31/10/2019

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