Seguridad y espacio público

Pere Ortega

La izquierda situada a la izquierda del PSOE, en este país, nunca ha tenido un programa político bien definido sobre cómo abordar la cuestión de la seguridad ciudadana y siempre ha dejado en manos del resto de partidos tan delicada cuestión. Y, aunque en algunas ocasiones ha dirigido la seguridad y sus programas han abordado esta cuestión, éstos siempre han sido indefinidos, poco claros respecto a cuestiones clave, empezando por la de una definición de qué se entiende por seguridad. Ciertamente la seguridad es un concepto abstracto pero que, sin concreción, no permite abordar cuestiones como la seguridad en el espacio público en las ciudades u otras de mayor enjundia: las diversas violencias que afectan a las ciudades, singularmente la delincuencia común y el crimen organizado.

Aquí se ofrece una aproximación desde un punto de vista de construcción de paz en las ciudades, a partir del concepto de seguridad humana abordado en Naciones Unidas en 1996.

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La seguridad en el espacio público tiene un enfoque muy diferente según el lugar donde están enclavadas las ciudades. Pues, aunque en todos los casos se tendrá que regular y gestionar el espacio público, no tienen los mismos problemas de seguridad las ciudades de los países empobrecidos de Latinoamérica, subsaharianos o del sur asiático que las del mundo occidental enriquecido. En ese mundo, antes denominado tercero, hoy mesurado por su desarrollo humano (PNUD), existen ciudades donde se dan casos muy generalizados de violencia estructural con barrios muy marginales presos del crimen organizado como medio de subsistencia. Mientras que, en las ciudades occidentales, a pesar de que también existe marginalidad y crimen organizado, éste no tiene el mismo peso. Aun así, el escenario y las causas son comunes, porque la responsabilidad de la situación recae sobre el fenómeno denominado como globalización neoliberal. Algunos de sus actores, como las grandes corporaciones que la gobiernan, han expulsado de los servicios comunitarios a mucha población mediante prácticas mercantiles muy agresivas, con la consiguiente degradación de la calidad de la vida urbana y de los derechos de ciudadanía.

Esto obliga a analizar la causalidad de las diferentes violencias y, en ese sentido, a diferenciar entre clases de violencia, pues el origen de éstas determina que se hayan de arbitrar soluciones y normativas diferentes.

La violencia directa es la única que en general se percibe. Se identifica con la agresión física o psicológica contra las personas, ya sea a través del mal trato, golpe, robo, asesinato, tortura, violación, insulto, intimidación, asedio o menosprecio.

Pero además están las violencias que son la causa directa de la existencia de violencias personales. Una es la violencia estructural, que se expresa en las diferencias de renta o en la esperanza de vida entre la población que habita en barrios ricos, provistos de toda clase de equipamientos y servicios, frente a las de los barrios donde las clases populares viven de manera precaria o muy precaria, con pocos servicios (o ninguno), lo que determina la marginación de personas y de barrios enteros.

Otra violencia es la cultural, precisamente la que legitima la estructural y la personal. Está conformada por ideologías, estereotipos y universos simbólicos presentes en el lenguaje, las creencias y las religiones. Es aquella violencia que considera a determinados estratos de personas seres superiores por cuestiones relacionadas con la etnia, la lengua, la religión, la ideología o el género; e inferiores a los diferentes, ya sea por el color de la piel, por pertenecer a otra cultura o por practicar una religión distinta. Aquella que impide a las mujeres disfrutar de los mismos derechos que los hombres; a los colectivos LGTBI y a otras minorías a desarrollar sus identidades. Es una violencia que de manera subliminal se puede encontrar en el lenguaje despectivo utilizado por la etnia dominante en los medios de comunicación, la publicidad, canciones y cine, y que justifica la exclusión y la marginación de las minorías.

Unas y otras violencias comportan que la ciudadanía entre en disputa por el espacio público y son las que requieren políticas urbanas que proporcionen seguridad. 

Pero se debe ser cuidadoso con el concepto de seguridad, porque es un concepto de doble dimensión: no la entiende de igual forma el estado que la ciudadanía y, por tanto, de acuerdo cómo la seguridad sea interpretada, se puede convertir en una falacia. En el mundo enriquecido, blanco, patriarcal y masculino occidental, el concepto de seguridad se ha construido como defensivo frente a los otros, los diferentes convertidos en contrarios. Una seguridad que los estados asocian a defensa, y la conciben siempre desde el ámbito policial y militar para disuadir, prevenir o intervenir ante amenazas externas o internas.

Así, pues, la seguridad es un concepto polisémico, mucho más amplio, que engloba todos los ámbitos de la vida de las personas. De ahí las voces críticas (Henry Lefevre, David Harwey y Saskia Sassen) que se alejan de la idea de seguridad en su concepción tradicional de los estados, para añadir la existencia de otras fuentes de inseguridad como las económicas o las medioambientales.

Hay factores que han llevado a criminalizar el espacio urbano en función de sus usos y habitantes, como ocurre con ciertos barrios o espacios estigmatizados como lugares de delincuencia y violencia. Se trata de un fenómeno que se da en muchas ciudades, en especial en países con altas desigualdades sociales (como los latinoamericanos) donde la seguridad policial es tratada con técnicas militares.

Es el caso de México, donde la lucha contra el crimen organizado llevada a cabo a partir de 2006 por el presidente Felipe Calderón —quien declaró la “guerra” a las bandas del narcotráfico— comportó que, durante su mandato, hasta 2012, el número de muertes alcanzara la increíble cifra de 121.600 personas. Más recientemente, el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador ha dispuesto crear un nuevo cuerpo policial, la Guardia Nacional, provista de 50.000 efectivos para hacer frente al crimen organizado, dado que los cuerpos policiales estaban “contaminados” (penetrados) por las bandas que controlan el narcotráfico. Un nuevo cuerpo que sin duda utilizará técnicas y estrategias de cariz militar y cuyo desarrollo habrá que seguir para poder medir su efectividad, ya que puede comportar una nueva escalada de muertes.

Otro ejemplo es el del Brasil, donde el nuevo presidente Jair Bolsonaro, excapitán del ejército, está preparando un proyecto para que las fuerzas armadas amplíen su actuación al ámbito civil y se dediquen a garantizar la seguridad pública actuando contra el crimen organizado.

La misma tendencia se está dando en algunos países occidentales. En la ciudad de Nueva York, barrios enteros han sido estigmatizados y criminalizados por la excesiva presión policial en el control y vigilancia de los habitantes que allí residen, al punto de introducirse chekpoints de control de entrada y salida en determinados espacios, hecho que ha comportado a que se hable de “militarismo urbano”. En este sentido, la respuesta que algunos gobiernos dan a las inseguridades urbanas ha llevado a considerar ciertos conflictos como “guerras urbanas” (Ruiz, 2018; Kaufman, 2016; Graham, 2012).

Esta criminalización de algunos espacios urbanos y de barrios enteros lleva a querer realizar el “sueño” securitario en los centros urbanos de las ciudades, a través de una presencia policial fuerte. Cuando lo que se debería llevar a cabo es una planificación del conjunto urbano de la ciudad que reduzca las desigualdades debidas a la densificación poblacional y la falta de servicios. Para ello, lo adecuado es la construcción de múltiples centralidades y órdenes diferentes que permitan una toma de decisiones acorde a la realidad de cada espacio y barrio.

La seguridad en el espacio público

Las situaciones descritas requieren de una reflexión más profunda que permita ir a las raíces de las violencias. Así, las denominadas “ciudades globales” se han convertido en espacios estratégicos para el liberalismo hoy imperante en un mundo donde se practican operaciones mercantiles muy agresivas hacia la ciudadanía residente, al extremo de convertirla en prescindible. Una población que no es necesaria ni como asalariada, ni como consumidora. Ello ha llevado a que se hable de “ciudades fallidas”, “selvas urbanas”, “urbicidio”, “ecofascismo” o “ciudades en guerra”. Lugares donde los habitantes se convierten en “residentes” pero retrocede su derecho a la ciudadanía. Se trata de un reto para que la población tome en consideración la exigencia del derecho a la ciudad, al abrigo de la aspiración a recuperar el sentido genuino de la “política” que surge precisamente vinculado a la participación de la población en la polis.

En este sentido, es muy importante la planificación urbana de la ciudad y sus barrios, donde no debería haber barreras que creen “fronteras” productoras de rupturas territoriales y de una separación y exclusión que afecta especialmente a las capas sociales con menos ingresos y divide a la población por orden generacional (barrios con mucha gente mayor o joven), étnicamente (barrios con alta densidad de migrantes), o por división social (barrios obreros). De este modo, una gran parte de la población, para disponer de viviendas asequibles de acuerdo con sus bajos salarios, se ve obligada a desplazarse a barrios-dormitorio con escasos servicios, donde la vivienda es más barata.

Unos barrios donde las clases populares sí hacen uso del espacio público, convirtiéndolo en lugar de encuentro social y de convivencia. Mientras las clases altas viven encerradas en sus domicilios dentro de barrios cada vez más privativos, con acceso a toda clase de servicios mercantiles privados y un hiperconsumismo que alcanza todas las esferas: comida, ocio, cine o sexo.

Para romper esta dinámica de división clasista, el espacio público tiene que convertirse en un elemento básico en la constitución de una nueva forma de inclusión social y territorial. Porque sin espacios públicos de calidad no hay convivencia posible ni estructura urbana satisfactoria y, por tanto, tampoco seguridad humana. Por ello, el ordenamiento y construcción del espacio público no es en absoluto una tarea policial ni por tanto securitaria. El espacio público tiene que ser el lugar donde se dirima la disputa por la libertad, la integración, la visibilidad, la representación, y no un lugar de control social en cualquiera de sus formas. 

En suma, el espacio público es un lugar donde se dirimen conflictos que, en algunas ocasiones, pueden generar violencia. Ésta debe ser afrontada y obliga a regular la ocupación del espacio público por parte de los gobiernos municipales. Pero esta regulación tiene que tener como objetivo conseguir cohesión social entre la población e impedir el desarraigo y la marginación, a la vez que desarrollar políticas urbanísticas que descentralicen las grandes urbes en barrios que contengan sus propios centros. Lugares donde se facilite la convivencia de acuerdo con las peculiaridades culturales de su población y en los que sea ineludible la participación de la propia ciudadanía y sus organizaciones.

Estas políticas municipales de regulación del espacio público tendrían que tener en cuenta la seguridad humana en el sentido amplio que se ha descrito, y no la securitaria entendida como persecución del delito. Es decir, una seguridad destinada a proporcionar cuidado y dar satisfacción a las necesidades básicas que permitan el pleno desarrollo de las personas para vivir una vida digna de ser vivida.

 

Bibliografía

Graham, Stepfhen (2010), Cities Under Siege: The new Military Urbanism, London, Verso.

Harvey, David (2013), El derecho a la ciudad, New Left Review (edición española) n.º 54.

Kaufman, E. (2016), Policing mobilities through bio-spatial proliging in New York City, Political Geography. Elsevier Ltd.

Lefebvre, Henry (2013), La producción del espacio, Madrid, Capitán Swing.

Lefebvre, Henry (1975), El derecho a la ciudad, Madrid, Península.

Nájar, Alberto (2019), "La Guardia Nacional de México: quién es Lucia Riojas, la única legisladora que se opuso al controvertido cuerpo de seguridad", BBC News Mundo, 2 de marzo de 2019.

Ruiz, Ainhoa (2018), Desmilitarización del espacio urbano, en Políticas de Seguridad para la Paz, Barcelona, Icària.

Sassen, Saskia (1999), La Ciudad global, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires.

UNDP, Human Developement Report 1996 http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/257/hdr_1996_en_complete_nostats.pdf

 

[Este artículo forma parte de un trabajo más amplio con el título “Violencia, seguridad y construcción de paz en las ciudades”, de próxima publicación en el Centre Delàs d’Estudis per la Pau]

20/6/2019

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