Miguel Muñiz

Pobreza ¿energética? Caridad energética

Variables

En 1931, un gran poeta supo expresar los sentimientos contradictorios que provoca que, por un día, el viento frío y la nieve destinados a los excluidos sociales no les afecten por la acción humanitaria de una persona, pero que la desigualdad brutal siga intacta [1].

Han pasado 87 años, y en esa contradicción seguimos.

Pobreza farmacéutica, pobreza infantil, pobreza alimentaria, pobreza energética, pobreza por soledad, pobreza cultural, pobreza monetaria, pobreza ambiental, pobreza estructural, pobreza laboral, pobreza menstrual...; se trata de referencias que aparecen en noticias o en páginas de internet. Pobreza siempre seguida de medidas paliativas, sin vínculo a una visión global ni a un análisis en profundidad, ni a su concepto opuesto, el despilfarro.

La fragmentación, esa herramienta del neoliberalismo, no se limita al trabajo [2]: la globalización, su denominación “neutral”, divide a la sociedad en “ganadores” y “perdedores”, sean grupos de personas, espacios, ciudades o regiones enteras. Terminología y dinámica de juegos. No hay historia, no existen clases dominantes, que imponen el dogma neoliberal; ni clases acomodadas, que sacan tajada de sus políticas (por ejemplo, de las privatizaciones); ni, por supuesto, clases subalternas que lo sufren. Pobreza sin referencia a la explotación o expolio, ni a desigualdades crecientes, guerras o especulación financiera.

Los “ganadores” no requieren análisis; se exhibe en los medios un caso concreto de “triunfador”, una estadística, una falacia del tipo son “el 1%”... o el “20%”. “Ganadores” son todos los no “perdedores”. Los “perdedores”, “menos favorecidos”, “excluidos”, “precarios”, “consumidores vulnerables”, etc. El eje transversal de la categoría “perdedores” es la pobreza.

No es igual la pobreza objetiva que la subjetiva, no es igual ser pobre en Dinamarca, Italia, España, la India o Brasil, pero el discurso dominante elude esos detalles. De hecho, se basa en la llamada “privación multidimensional” [3]; pobreza es la simplificación para unos medios llenos de ruido. La pobreza se explica en clave sectorial como sustitutiva del análisis concreto de las desigualdades sociales.

De entre todas las pobrezas, la energética suscita un elevado consenso entre élites económicas y políticas [4]; por eso recibe tanta publicidad, por eso hay acuerdo en tomar medidas para paliarla. Su referencia casi exclusiva es la “pobreza eléctrica”. El enunciado cumple una función; así como en políticas territoriales, centrar el discurso en delimitar, mantener y preservar “zonas protegidas” permite disimular los conflictos de ordenación global del territorio, la reiteración en la pobreza energética omite la opulencia, el despilfarro, las desigualdades energéticas globales, los impactos ecológicos asociados, las implicaciones de la transición, etc. Y abre la puerta al fácil recurso de debatir sobre “derechos energéticos”. En suma, la pobreza energética es útil, es parte de la estrategia de convertir conflictos en “problemas”, se enmascaran desigualdades globales con el recurso a imágenes puntuales de gran sensibilidad.

Pocas voces se salen del consenso impuesto y señalan que la pobreza energética es una manifestación de la pobreza a secas, de las desigualdades crecientes [5]. Los propagandistas de la pobreza energética afirman, sin muchas pruebas que lo avalen, que la pobreza energética coexiste con la no pobreza en otros ámbitos.

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Entre mayo de 2018 y la redacción de este artículo, se contabilizan más de cien referencias a la pobreza energética y su complemento, el bono social, en los medios, y la búsqueda no ha sido exhaustiva. Se pronuncian ayuntamientos, partidos políticos, compañías eléctricas, diputaciones, fundaciones, expertos y analistas de todo tipo y, especialmente, el Tercer Sector. La lista es tan impresionante en cantidad y calidad de referentes como en interrogantes sin respuesta que van asociados. ¿Hay ayudas reales o no? ¿A cuántas personas se atiende? ¿La cantidad de perceptores aumenta o disminuye? ¿Peligra la ayuda por los vaivenes y avatares de la clase política? En el fondo del ruido informativo, una cuestión que no tiene respuesta clara. ¿Cuántas personas sufren la pobreza energética y de qué manera? Multiplicar incógnitas que nunca se resuelven es la mejor manera de validar cualquier actuación paliativa.

Datos

Se dispone de dos tipos de datos, los que se provienen de las solicitudes de ayuda de personas que no pueden pagar los recibos del suministro eléctrico, y los que ofrecen las proyecciones y análisis estadísticos. Ejemplos de los primeros: Aragón: “Unas 27.000 facturas de la luz se han pagado esta legislatura a las familias con menos recursos (5.298 recibos por un valor de 396.000 €) para que no se corte el servicio” (10/10/2018); Castilla y León: “Cáritas y Cruz Roja dan ayuda a 5.000 familias al no remitir la pobreza energética” (3/11/2018); Galicia: “Cerca de 2.500 familias recibieron el año pasado el bono eléctrico para afrontar este gasto corriente” (8/2/2018); España en conjunto: “Cruz Roja ayudará a 12.000 familias al año en esa situación” (23/2/2018), “Los hogares acogidos al bono social se acercan al millón, tras incrementarse en 172.000 en un mes y medio” (23/11/2018), etc., etc.

Entre los segundos: “El 7% de los hogares catalanes sufre pobreza energética” (9/11/2018); “La pobreza energética afecta a más de 5 millones de españoles” (21/1/2018); “Unos 4,5 millones de personas […] en riesgo” (23/2/2018); “Un total de 6,8 millones de personas […] están sufriendo temperaturas inadecuadas en la vivienda o retraso en el pago de recibos, o ambos”.

Los datos de las demandas de ayuda son parciales, y se mezclan con los de los perceptores de descuentos del “bono eléctrico”; los datos que provienen de estadísticas requieren un análisis de sus posibilidades y limitaciones.

Apoyo analítico

La fuente más citada, y la que ha ido más lejos en el análisis, es el informe “Pobreza energética en España. Hacia un sistema de indicadores y una estrategia de actuación estatal” [6], redactado por la Asociación de Ciencias Ambientales en 2018 (ACA 2018). La ACA lleva analizando la pobreza energética desde 2010 y ha publicado informes en 2012, 2014 y 2016. La importancia del ACA 2018 se incrementa con la creación, el 9 de enero, del Observatorio Europeo de la Pobreza Energética de la UE (Energy Poverty Observatory-EPOV).

El informe se ha confeccionado con la participación de 103 personas de diversos niveles profesionales y 63 entidades en reuniones celebradas en ocho talleres de debate y análisis multisectorial. Para pagarlo se puso en marcha un sistema de donaciones en que participaron 33 personas a título individual y 9 entidades, entre las que cabe destacar a Enel-Endesa, Gas Natural Fenosa (Naturgy), Cruz Roja y WWF, y algunas fundaciones y empresas; además de recibir financiación de programas de la Unión Europea.

Por su voluntad de rigor, apoyos y extensión, el ACA 2018 determina las pautas del tratamiento de la pobreza energética desde el Tercer Sector [7], y es un referente para las empresas y los políticos. Es necesario analizar la base analítica y las propuestas que realiza.

Al margen de la recogida de criterios y conocimientos en los ocho talleres, la base de datos que articula el ACA 2018 son dos encuestas anuales del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2016: la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), que se realiza mediante entrevistas personales a una muestra de unas 15.000 viviendas distribuidas en dos mil secciones censales de toda España, y la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), que se realiza sobre una muestra aproximada de 24.000 hogares para conocer el destino de los gastos de consumo de la unidad familiar.

Sobre esa pequeña fracción de respuestas a la ECV y la EPF relacionadas con la energía (a la que el informe denomina “microdatos”), más la información de consumo eléctrico a la que puede acceder y los datos de ingresos familiares disponibles, el ACA 2018 elabora una serie de tablas de porcentajes de extensión y gravedad de la pobreza energética, a las que incorpora dos nuevos indicadores conjugando las series de datos y siguiendo las directrices europeas (EPOV), un “indicador de pobreza energética escondida” (HEP) y un “indicador de gastos desproporcionados” (2M).

Que la base de datos que sostiene el ACA 2018 es precaria lo reconoce el propio informe en el apartado de conclusiones y recomendaciones de actuación, ya que, aparte de constatar que se “plantea la necesidad de seguir avanzando en las metodologías de medición de la pobreza energética” (p. 91), la primera recomendación es el “establecimiento de un sistema de medición estatal basado en múltiples indicadores” y la segunda, la “mejora en la disponibilidad y uso de datos” (p. 97); ello no es obstáculo para que el ACA 2018 realice afirmaciones contundentes como esta: “Una conclusión más general de este análisis de desigualdad por niveles de ingresos es que el solape entre pobreza monetaria y privación energética no es unívoco, y que puede haber hogares por encima del umbral de la pobreza monetaria que se encuentren en situación de pobreza energética, y viceversa” (p. 63), o esta otra: “En cifras totales (elevadas poblacionalmente), se trataría de 3,6 millones de personas que en 2016 no habían podido pagar a tiempo alguno de los recibos de la vivienda, de las cuales una mayoría de 2,8 millones había tenido dos o más retrasos en los últimos 12 meses” (p. 38). La conclusión: “Un total de 6,8 millones de personas, equivalente al 15% de la población de España, estarían sufriendo condiciones asociadas a la pobreza energética, es decir, con temperaturas inadecuadas en la vivienda o retraso en el pago de recibos, o ambos. De éstas, destacan los 2,8 millones de personas que declararon tener dos o más retrasos en el pago de recibos en los últimos 12 meses (el 6% de la población). Además, se contabilizaron 900.000 personas (el 2% de la población) que por dificultades económicas dejaron de disponer de sus fuentes habituales de energía doméstica” (p. 92).

Esta es sólo una pequeña parte del conjunto de cifras que hacen que el ACA 2018 sea mencionado en noticias y artículos de opinión sobre la pobreza energética, y que lo convierten en un referente obligatorio; pero al margen de todo ello es necesario indicar que hay conclusiones que exigirían algo más de lo que dice el ACA 2018 para ser aceptadas. Por ejemplo:

• La oposición de los autores al uso de un único indicador de ingresos-gastos en el hogar “porque es un planteamiento tecnocrático y simplificador falsamente objetivo ya que depende de las decisiones que tome el analista”. Esta descalificación debería ser justificada en detalle porque no se entiende por qué las decisiones de los analistas son tan negativas en el caso del indicador de ingresos-gastos, y no en el caso de centrarse en la pobreza energética, que en el caso del ACA 2018 considera muchas variables.

• La creación de un módulo específico de pobreza energética en la ECV, y el acceso a los datos de las empresas comercializadoras (pp. 99-100). Aquí se debería mencionar un conjunto de indicadores de las pobrezas, del que la pobreza energética sería una parte.

Aunque no justifique las críticas a otros procedimientos, el ACA 2018 se decanta por baterías de indicadores específicos sobre pobreza energética que, se supone, luego serán contabilizados de manera agregada (p. 98). Esa propuesta merecería una argumentación más sólida a la luz del incremento global de las desigualdades que se consignan en muchos otros documentos que estudian los impactos de las políticas neoliberales sobre las sociedades. En el ACA 2018 son parte de una estrategia de largo alcance que aboga por “priorizar enfoques estructurales en combinación con medidas paliativas”, que hacen de la pobreza energética el eje central de una actuación caritativa global.

Intervención caritativa-paliativa global

Uno de los puntos más discutibles del ACA 2018 es la proyección que relaciona pobreza energética con el nivel de estudios, el estado civil, la presencia de menores, la actividad laboral y el tipo de contrato, el lugar de nacimiento, las condiciones de salud física y mental de los miembros del hogar, el tipo de vivienda, el régimen de tenencia, etc., combinando la información de otros apartados de la ECV, pero sin explicar la lógica causa-efecto que justifica la relación.

Porque se trata de partir de la pobreza energética, eludiendo la pobreza a secas y las desigualdades, para extender el análisis y las actuaciones a toda la estructura social. El ACA 2018 denuncia que los estudios “tienden a dejar fuera a consumidores en dificultades, especialmente a aquellos que por diferentes razones no se reconocen como tales o se considera que no son merecedores de este tipo de ayudas, como ocurre, por poner un ejemplo, con las personas jóvenes de bajos ingresos viviendo en pisos de alquiler compartido. Pero la principal problemática es que estas medidas paliativas pueden estar contribuyendo a sostener el statu quo y por tanto reproduciendo las condiciones estructurales de la pobreza y vulnerabilidad energética” (p. 100). A partir de aquí se explica que el cuestionamiento del statu quo que plantea consiste en proponer un bono social energético (electricidad y combustibles) “que considere de forma integral el problema”; desarrollar políticas sobre edificios “como estrategia de adaptación al cambio climático y prevención de la vulnerabilidad energética de los hogares”, mediante peticiones, ayudas, créditos y financiaciones; vincular la salud física y mental con la pobreza energética por el procedimiento de instaurar protocolos en los hospitales; avanzar en la “protección de los derechos energéticos de los ciudadanos”; reivindicar la necesidad de una transición “justa, sostenible y coste-eficiente” (sic); facilitar el acceso a la vivienda y a otros suministros y servicios básicos; incorporar las voces de las poblaciones vulnerables al debate público; mejorar la información, formación y sensibilización de la ciudadanía para un mayor empoderamiento en la toma de decisiones (con acompañamiento ocasional), y fomentar la comunicación y la transparencia.

El de empoderamiento, palabra que se usa de manera frecuente en temas muy dispares, es un concepto complejo y confuso, que puede ser referencia de actividad individual o colectiva [8]; es parte de la estrategia asistencial centrada en “problemas”, en los que el suministro de información o criterios no lleva aparejado una referencia a conflictos de fondo.

Esa huida de los conflictos se comprueba en el único párrafo del ACA 2018 que plantea cuestiones estructurales. Por su interés merece reproducirlo en su totalidad (p. 104; la cursiva es mía):

Sobre la base de legislación específica, el debate y adopción de una estrategia estatal de protección de los derechos energéticos de los consumidores ofrece una oportunidad para concretar vías para una reforma en profundidad del sistema energético del país con criterios de sostenibilidad ambiental y justicia energética y social. Inspirados en la propuesta de Nancy Fraser (1995), se propone seguir aquí un enfoque transformativo que haga frente a las raíces profundas de la problemática en lugar de un afirmativo que simplemente aplica medidas redistributivas que dejan intactas las condiciones estructurales que generan la pobreza energética. En términos más aplicados, esta visión se puede traducir en el objetivo concreto de la sustitución del modelo asistencial predominante —del que la acción de servicios sociales municipales pagando facturas y deudas acumuladas es el ejemplo más claro— por uno predistributivo en el que las administraciones públicas impidan con su acción la aparición de desigualdades en lugar de tratar de revertirlas por medio de servicios y transferencias de carácter redistributivo financiadas por la vía de los impuestos (Hacker, 2011).

Esa estrategia sería además un documento que permita —y obligue— al Estado a posicionarse sobre cuestiones estratégicas como la tensión entre objetivos ambientales y sociales en la transición energética, la electrificación de la demanda de energía doméstica o el establecimiento de prioridades para la rehabilitación energética del parque de viviendas del país”.

No es concebible un documento como el ACA 2018 sin introducir neologismos; modelo predistributivo se añade al uso de métrica, diseminación, microdatos y otros felices hallazgos de una neolengua que parece creer que un cambio en la terminología supone una innovación en el conocimiento. Que “las administraciones públicas impidan con su acción la aparición de desigualdades” es de una aparente inocencia que podría ser debidamente apreciada por los directivos de Enel-Endesa o Naturgy que han financiado el documento, si llegan a leerlo.

Caridad energética, caridad perpetua, capitalismo filantrópico

El reconocimiento de la pobreza energética desde la UE ha incentivado y ampliado una serie de iniciativas de administraciones, fundaciones, parte del Tercer Sector y, sobre todo, las empresas, que ya se desarrollaban hace algunos años. La prensa económica hace tiempo que se hace eco con regularidad de cursillos formativos sobre el uso y ahorro de electricidad patrocinados por Enel-Endesa, Naturgy e Iberdrola, solas o en colaboración con la Cruz Roja, Cáritas, ayuntamientos, concejalías y diversas fundaciones, lo que da la impresión de que la pobreza energética es una consecuencia de la ignorancia, muy en la línea de la reclamación de “formación” para combatir la pobreza global, anterior al crac de 2008.

Las eléctricas también canalizan sus aportaciones materiales, ya sean de reducción de tarifas o anulaciones de cobros, mediante entidades del Tercer Sector; como es lógico, sus aportaciones se limitan a una determinada partida económica que no se corresponde con ningún análisis de cobertura exhaustivo y sistemático.

Las intervenciones desde la política se limitan a aprobar leyes que cumplen una función más que nada publicitaria. El propio ACA 2018 ofrece un ejemplo clamoroso de ello cuando, en la página 26, dedica un extenso y encendido elogio al contenido de la Ley 24/2015 del Parlament de Catalunya sobre pobreza energética, sin reparar en que el Govern de la Generalitat que impulsó dicha ley dejó sin distribuir un 40% del presupuesto destinado a ayudas para paliar la pobreza energética en Cataluña [9].

Nunca el objetivo de la caridad (denominada “actuaciones paliativas” en la actualidad) ha sido eliminar la pobreza, sino hacerla crónica y modular los conflictos que genera. La pobreza es un factor de disciplina y control social de primer orden dentro del capitalismo [10]. Desde ese enfoque, la caridad energética puede ser una estación de paso para la caridad global: la instauración de una renta básica incondicional, como limosna genérica en sociedades ricas que consolide el desorden económico neoliberal, con su secuela de explotación y desigualdades globales y locales crecientes. Pero desarrollar esta reflexión desborda el marco de este artículo.

 

Notas

[1] https://elciervoherido.wordpress.com/2015/07/14/refugio-nocturno/.

[2] Sobre pobrezas: https://blogsostenible.wordpress.com/2018/05/18/primer-mundo-tipos-pobreza-soluciones-desigualdad/; laboral: https://www.huffingtonpost.es/2018/05/11/espana-lidera-la-pobreza-laboral-en-la-ue_a_23431906/; https://www.eldiario.es/sociedad/Pobreza-menstrual-Espana_0_816118657.html; sobre su fragmentación: http://www.mientrastanto.org/boletin-120/notas/politicas-de-malestar-pobreza-reformas-laborales-y-precios-publicos.

[3] La pobreza y su medición. Presentación de diversos métodos de obtención de medidas de pobreza: https://www.ine.es/daco/daco42/sociales/pobreza.pdf.

[4]

26/9/2018

Mohammad Sanusi Barkindo, secretario general de la OPEP: “La comunidad global tiene la obligación de trabajar contra la pobreza energética”; https://www.eleconomista.es/materias-primas/noticias/9410440/09/18/El-82-de-los-automoviles-usara-petroleo-en-2040-pese-a-las-ayudas-al-coche-electrico.html.

1/6/2018

El Observatorio Empresarial contra la Pobreza es una plataforma creada en 2015 para promover el liderazgo de la empresa en la lucha contra la pobreza. The Boston Consulting Group, la Escuela de Negocios IESE y Fundación CODESPA constituyen el órgano de gestión del Observatorio, que, a su vez, está formado por BBVA, Telefónica, Caixabank, Endesa, Sener, Divina Pastora Seguros y KPMGF: https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-negocios-inclusivos-suponen-oportunidad-estrategica-rentabilidad-empresas-espanolas-estudio-20180531183957.html.

29/1/2018.

La Comisión Europea se dota de un observatorio de POBREZA energética en la UE:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0136&from=ES https://www.energypoverty.eu/.

[5]

7/10/2018

“A pie de calle. Más que energética, es pobreza”: https://www.elperiodico.com/es/opinion/20181006/mas-que-energetica-es-pobreza-articulo-sandra-tatay-7073585.

24/12/2016

“La pobreza energética no existe: lo que existe es la pobreza”: https://blogs.elconfidencial.com/espana/mientras-tanto/2016-12-24/pobreza-energetica-cortes-de-luz-populismo-renta-minima-salarios-ideologia_1308909/.

[6] S. Tirado Herrero, L. Jiménez Meneses, J. L. López Fernández, V. M. Irigoyen Hidalgo (2018), “Pobreza energética en España. Hacia un sistema de indicadores y una estrategia de actuación estatales”, Asociación de Ciencias Ambientales, Madrid. Disponible en: https://niunhogarsinenergia.org/panel/uploads/documentos/informe%20pobreza%20energ%C3%A9tica%202018.pdf. Todas las referencias a páginas concretas se harán sobre la numeración del pdf, y no sobre la paginación del documento.

[7] Sobre el papel del Tercer Sector, véase: http://www.sirenovablesnuclearno.org/nuclear/nuclearcatalunya/articles/mtjulio2018limitesmovimientoecologista.pdf.

[8] Véanse https://www.infobae.com/parati/news/2018/10/23/empoderamiento-femenino-la-hora-de-los-lideres-intuitivos/; https://es.wikipedia.org/wiki/Empoderamiento; https://www.divulgaciondinamica.es/blog/empoderamiento/; https://www.significados.com/empoderamiento/, y https://www.caritas.es/

[9] 3/10/2018

“Balance de la Generalitat del 2017. Las ayudas a la pobreza energética, en el cajón. Afers Socials solo invirtió el 60% del presupuesto destinado a paliarla”: https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20181002/el-govern-solo-gasto-el-60-del-presupuesto-contra-la-pobreza-energetica-en-el-2017-7066945.

[10] Cuando los superricos simulan salvar el mundo. Anand Giridharadas, autor de Los ganadores se lo llevan todo, habla de un nuevo modelo de activismo filantrópico que impulsa panaceas neoliberales y tecnológicas para males sociales: https://ctxt.es/es/20181121/Politica/22907/Anand-Giridharadas-Chris-Lehmann-activismo-filantropico-marc-zuckerberg-panaceas-neoliberales.htm.

 

[Miguel Muñiz Gutiérrez es miembro del Col·lectiu 2020 LLIURE DE NUCLEARS, y del Moviment Ibèric Antinuclear a Catalunya. Mantiene la página de divulgación energética www.sirenovablesnuclearno.org]

30/11/2018

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