Caso Pujol: interés privado y gestión pública

Albert Recio Andreu

La “confesión” catártica de Jordi Pujol sobre sus cuentas en el extranjero sólo ha sorprendido en Catalunya a sus fieles seguidores. Pero que las prácticas de Pujol y los suyos tenían grandes líneas de sombra era conocido desde hace tiempo, aunque el tratamiento de los medios de comunicación locales (habitualmente bien untados desde la Generalitat) nunca ha permitido formar una opinión sólida sobre los mismos. La propia declaración y la posterior estrategia de defensa adoptada por la familia Pujol constituyen en sí mismas un nuevo intento de “camuflaje” para evitar que se entre en el núcleo de la cuestión. La increible historia de la herencia y la presión para que se bloquee la investigación sobre las cuentas andorranas no tiene otra finalidad que tratar de eludir las responsabilidades penales y evitar que se relacione el enriquecimiento familiar con el modelo de gestión política de los gobiernos de CiU. Pujol, un personaje siempre con ínfulas mesiánicas, ha tratado una vez más de presentar “su” sacrificio para salvar el resto.

A lo largo de muchos años de gobierno la gestión de CiU ha estado salpicada de numerosos “affaires”, que han afectado particularmente a los espacios controlados por Unió Democrática (caso turismo, caso Pallerols, gastos de formación, informes falsos en el Departament de Treball), casos todos ellos que han acabado con condenas formales, aunque en bastantes casos la habilidad negociadora de CiU haya obtenido indultos para que sus responsables no acabaran en la cárcel. Y han afectado también al entorno directo de Jordi Pujol, a su familia y a sus colaboradores íntimos.

Los primeros años del mandato de Pujol estuvieron marcados por el proceso Banca Catalana. Los fiscales Jimenez Villarejo y Mena detectaron numerosas irregularidades y desvíos de fondos pero no pudieron avanzar en el proceso por el bloqueo explícito del gobierno de Felipe González (vía fiscal general), temeroso de la reacción de un poderoso aliado potencial. Pujol había conseguido movilizar a sus bases y presentar el caso Banca Catalana como un ataque a Catalunya (y éstas se movilizaron de tal forma que llegaron a ocupar el Parlament).

Después, seguiría una retahila de casos que afectaron a personas tán cercanas como el coordinador del govern, Lluis Prenafeta, el conseller de Obras Públicas Josep Maria Cullell (implicado en un caso de corrupción urbanística para favorecer a su cuñado), el de Sanidad, el intímo amigo de los hijos de Pujol Jaume Roma (dimitido tras conocerse que constructores que trabajaban para la Generalitat habían construído su chalet de lujo), el de Industria Antoni Subirá, cuñado de Pujol (acusado de apoyar los intereses de un promotor amigo, aunque este caso nunca llego a prosperar), el otrora poderoso conseller de economía Macià Alavedra (del que siempre circularon rumores hasta que fue detenido y que está imputado junto con Lluis Prenafeta en el “affaire” Pretoria de especulación inmobiliaria en varios municipios catalanes).

El mismo entorno familiar de Pujol ya había sido objeto de diversas especulaciones y debates como el caso del súbito crecimiento de la empresa de jardinería de su esposa, Marta Ferrusola, las operaciones de intermediación del mayor de sus hijos, Jordi Pujol Ferrusola (asociado en alguna de las mismas a otro conocido lobbista, Didac Fábregas, un viejo lider de la extrema izquierda local que ha acabado apareciendo en la deshonrosa lista Falciani de tenedores de cuentas en Suiza), la venta de la consultora Europraxis (de la que Jordi Pujol Ferrusola era copropietario) al grupo electrónico Indra (que “milagrosamente” provocó que Indra quintuplicara sus contratos con la Generalitat), o las presiones para legalizar un parque eólico asesorado por una empresa de otro de los miembros del clan familiar, Pere Pujol Ferrusola. La familia y su entorno íntimo siempre ha estado en el filo de la navaja, aunque ellos y sus afines habían conseguido capear el temporal con la justificación que eran meros bulos para atacar su defensa acérrima de los intereses de Catalunya. Un entorno en el que también aparecen en numerosos casos empresas de la familia Sumarroca (Comsa, Emte, Teyco) beneficiarias de importantes y dudosos contratos. Y sin contar que el propio abogado defensor de Pujol durante muchos años, Josep Piqué Vidal, acabó en la cárcel acusado de graves delitos de corrupción.

Las denuncias han arreciado en los últimos tiempos, afectando tanto al hijo mayor de la saga Jordi Pujol Ferrusola (denuncia de tráfico de influencias en la adjudicación de contratos de obras) como al aspirante a heredero político Oriol Pujol Ferrusola (implicado en el caso de concesiones de empresas de ITV). Y es bastante posible que esta ofensiva policial y judicial tenga que ver con el proceso soberanista. El Gobierno ha utilizado una arma poderosa para desprestigiar a CiU porque sabía que tenía una buena base de ataque. Si antes no se utilizó (ni  por PSOE, ni por PP) no era por desconocimiento sino simplemente porque CiU era un aliado fiel en muchas situaciones compromentidas, especialmente cuando se trataba de apoyar medidas económicas liberales o reformas laborales antisociales. La lógica mafiosa que impera en parte de la política española no da lugar a sorpresas: tolerancia con los desmanes del aliado, batacazo cuando se porta indebidamente (Pujol no parece haber aprendido la lección de Noriega o de Sadam Hussein). Pero aunque el “tirar de la manta” pueda responder a vendettas personales o políticas, lo cierto es que denota algo que siempre se sospechó pero que ahora parece más claro: que el clan Pujol también utilizó su gestión para el enriquecimiento propio.  Hay bastantes indicios de que en el clan familiar se fijó la idea de que su “sacrificio” por Catalunya bien merecía una compensación. Es lo que tienen los mesias autoproclamados: se sienten superiores en todo y con derecho a lo que no tienen los demas mortales. La realidad los ha bajado a la tierra y su caída posiblemente acabará arrastrando al propio Artur Mas. Puesto que no solo es conocido que él (o Felip Puig) formaron parte de ese entorno íntimo tejido en torno a los hijos del matrimonio Pujol-Ferrusola, sino que hay claros indicios de que su fallecido padre era el gestor de los intereses de la familia en el exterior (él mismo se acogió a la amnistía fiscal del PP).

El drama puede concebirse con dos lógicas diferentes. Una, la que menos daño político puede hacer a CiU, es la de explicarlo como un mero “affaire” personal. La familia Pujol, o algunos de sus miembros, deslumbrados por su relevancia social, habrían “caído” en algunos comportamientos inadecuados. Sería sobre todo un problema moral-político individual que, una vez reconocido y “purgado”, permitiría volver a la política cotidiana de siempre. Hay sin embargo otra lectura, a mi entender más adecuada, que relaciona directamente la corrupción general con el marco de la acción política. CiU ha sido un paradigma de gestión neoliberal en la que los intereses privados de grupos capitalistas toman el control de la gestión pública o simplemente la condicionan.  De hecho el modelo ha tenido aplicación general en nuestro país con gobiernos de PSOE o de PP, pero es en Catalunya donde algunos de estos experimentos están mucho más avanzados. Por ejemplo en la organización sanitaria,  donde no sólo se ha consolidado un modelo de gestión público-privada sino donde se invirtió una enorme cantidad de recursos públicos en la salvación de inviables grupos privados como el Hospital General de Catalunya o La Alianza (ambos actualmente en manos del grupo IDC, propiedad de la empresa británica de capital riesgo CVC, y que figuran como los principales beneficiarios de las actividades que transfieren los hospitales públicos). O el modelo de doble circuito escolar. O la privatizada gestión pública del agua (que da al grupo Agbar, propiedad de la francesa Suez, el control de gran parte del ciclo del agua). O la gestión del juego (curiosamente el máximo beneficiario del recorte fiscal al juego es el grupo Inverama, implicado hace años en otro oscuro affaire relacionado con la gestión de la loteria catalana). Toda la política de CiU ha estado siempre al servicio de los intereses privados por encima de los colectivos. Dando apoyo a políticas fiscales y laborales gravemente dañinas para el conjunto (la cultura fiscal de CiU es corresponsable de los problemas fiscales que afectan tanto a España como a Catalunya). Sin contar que tanto Convergència Democràtica de Catalunya (caso Palau) como Unió Democràtica de Catalunya están imputadas en procesos por financiación ilegal. La política de enriquecimiento personal del clan Pujol simplemente es una parte de una forma de ver el mundo que concibe el lucro privado como el único motor de la acción y orienta las políticas a la obtención de este objetivo. En este contexto no es extraño que quienes protagonizan estas políticas acaben confundiendo lo individual con lo político y se dediquen alegremente a sacar tajada de su poder.

La catarsis pujoliana no puede acabar en una mera representación dramática (que suele acabar con exculpación final). Es un caso que por su gravedad pone al descubierto la lógica de una gestión pública en beneficio de una minoría. Y por ello la ciudadanía de Catalunya tiene derecho a exgir un proceso judicial que vaya hasta el fondo y un proceso político que ponga en cuestión las lógicas políticas que han favorecido estos comportamientos. En lo primero, la cuestión judicial, diversas entidades catalanas (las asociaciones vecinales FAVB y COFAVC y el observatorio de derechos sociales DESC) ya han anunciado su voluntad de personarse en el tema, aunque lo preferible es que el marco se amplíe a otras muchas entidades. En lo segundo es necesaria una recomposición de la izquierda, como la que ya se está intentando a escala municipal, que rompa por fin la antisocial lógica de las políticas de CiU (y a menudo de sus extensiones sociovergentes). O sea, pasar de la mera representación politica a un proceso real de profundización democrática. 

31/8/2014

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