En la lucha contra la economía sumergida no hay descanso ni vacaciones… ¿o posiblemente sí? Hasta el momento, España marca un récord histórico de turistas con 34 millones de visitantes. Por su parte, el mes de julio de 2013 se convirtió en el mejor mes de la historia del turismo español, con más de 7,8 millones de visitantes (lo que supone 321.000 llegadas más que las de julio de 2012). Pero junto a la llegada del verano y de sus turistas, también se inicia la temporada alta de actividades que escapan del control tanto de la Agencia Tributaria como de Inspección de Trabajo. Nos referimos a actividades como el alquiler de apartamentos de costa, chiringuitos y bares de playa, discotecas y festivales de verano, mercadillos, etc., cuya fenomenología social puede ir desde la picaresca de la obtención de unos ingresos adicionales sin declarar hasta la existencia de redes de delincuencia organizada establecidas en discotecas de la costa, tal y como denuncia el Servicio de prevención de blanqueo de capitales (Sepblac).

Ante todo esto, los órganos de la Inspección se ven, como veremos más adelante, impotentes para atajar este tipo de actividades heterogéneas pero con un determinante en común: el pago en efectivo y la imposibilidad de seguir su flujo monetario. Nos encontramos, pues, con un escenario inusual desde el punto de vista económico —el turismo ha sido el sector menos castigado por la crisis—, pero también desde un punto de vista fiscalizador, dada la completa imposibilidad de controlar su dimensión (por poner un ejemplo claro y sencillo: ¿cómo controlar el número de copas que se sirven un sábado por la noche en una discoteca de Ibiza?).

A ningún analista se le escapa el hecho de que el turismo español avanza y que 2013 va camino de convertirse en un año récord para este sector. Pero todos sabemos también las dificultades económicas que está atravesando el Estado; y que, según los datos aportados por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), se estima que las arcas públicas recaudaron 2.020 millones de euros menos de lo previsto inicialmente en las recientes medidas de ajuste fiscal aplicadas por el gobierno (pese a que tal ajuste se realizó principalmente en el Impuesto sobre la Renta). ¿Será este el momento de controlar las actividades ligadas a la existencia de una elevada economía sumergida estival, una precariedad laboral de sus empleados y una competencia desleal respecto a los empresarios que realizan sus actividades dentro de la legalidad? Parece que sí, y el objetivo de estas notas es el de hablar y reflexionar acerca de estas actividades ilegales.

El fraude en el alquiler de apartamento de costa

Una realidad con la que ha topado el sector hostelero es la proliferación de competencia desleal de alquileres no declarados en época de verano. Un hecho que se ha incrementado por tener España el mayor parque de viviendas desocupadas de Europa y por la necesidad de no pocas familias de alquilar su segunda vivienda durante la época vacacional para paliar los efectos de la crisis. De acuerdo con los datos aportados por Gestha, las estimaciones de fraude en los arrendamientos en el litoral ascienden a más de 1.200 millones de euros anuales, de los que más de una tercera parte procederían de alquileres no declarados a la Hacienda en Cataluña. Y tal y como hemos destacado, la existencia de estos datos coincide con una creciente preocupación del sector turístico, que denuncia la existencia de una enorme bolsa de oferta de plazas clandestina.

Los cálculos derivan de cruzar los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) con los de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El resultado final establece que el 66% de los alquileres sumergidos en el territorio español se localiza en las localidades del litoral, lo que equivale a unas 649.686 viviendas. Eso supondría que el valor del fraude no declarado a Hacienda ascendería, según el estudio, a 1.233 millones de euros. En términos porcentuales, la comunidad con la mayor presencia de viviendas en alquiler no declarado es la andaluza (Costa de la Luz, Costa del Sol, Costa Tropical, Costa de Almería), donde el grado de fraude alcanzaría hasta el 75,31% del parque de alquileres, lo que supone unas 111.525 unidades. En la costa murciana (Costa Cálida) el porcentaje de alquileres no declarados también se encarama hasta el 76,69%. Sin embargo, en términos absolutos, la costa catalana es la que concentra el mayor número de viviendas en alquiler sin declarar, al sumar unas 239.350 unidades y un valor no declarado a Hacienda en euros de 521 millones. De estos, es en el Maresme donde se concentra la mayoría de viviendas en alquiler sin declarar (201.815 unidades). Otras marcas turísticas como la Costa Brava (con 21.266 unidades) o la Costa Daurada (con 16.269 unidades) irían muy por detrás. En suma, sólo Catalunya aportaría un 25% del total de los alquileres no declarados.

Dos son los aspectos que más destacan en los cálculos realizados: en primer lugar, que éstos en ningún momento han sorprendido al sector turístico, buena parte del cual viene denunciando la existencia de una oferta clandestina de apartamentos y viviendas que ha ido en aumento con la difusión de la cultura low cost; y en segundo lugar, la pasividad de la Administración ante el problema, ya que muchas de las operaciones se realizan con la más completa publicidad de las mismas. Si bien es difícil controlar si el inmueble ha sido o no alquilado, y el importe del mismo, sí sería importante detectar aquellas operaciones de alquiler completamente no declaradas.

El fraude en la hostelería

Ante la brusca caída del negocio de la construcción, el sector hostelero se está convirtiendo en uno de los sectores con mayor economía sumergida, tanto en el ámbito fiscal como en el ámbito laboral. Un problema que se agrava en verano por la mayor necesidad de personal. Así, en estas épocas, y según la Inspección de Trabajo, el fraude laboral en la hostelería puede llegar al 40% (nos referimos aquí tanto a la existencia de trabajadores irregulares como a los sobresueldos que no tributan a la Seguridad Social ni al IRPF).

Según un estudio realizado por Visa Europa, la economía sumergida en España alcanza un valor aproximado de 195.600 millones de euros, esto es, el 18,6% del PIB, y que su peso no ha cambiado significativamente desde el año 2008. Tamaño problema se concentra especialmente en los sectores de la construcción, industria, comercios, restaurantes e inmobiliaria. La economía sumergida se sirve en gran medida del pago en negro, por lo que no debe extrañar que el informe afirme que dos tercios de la economía sumergida en España se deben a trabajo no declarado y un tercio, a las ventas no declaradas. Si la existencia de los pagos en negro a los trabajadores de la hostelería es una práctica habitual, ello nos lleva a suponer que: o bien dicho sector genera unas ventas sin declarar importantes (que sirven para realizar esos pagos en negro), o bien, y a mayor escala, sirven en muchos casos para blanquear dinero de otras actividades ilegales a través de dichos pagos. Los sindicatos también sostienen que este tipo de salario es el habitual en el sector, considerando que el pago en negro es un mal extendido y que nadie se preocupa por combatirlo.

En conclusión, no solamente nos hallamos ante un caso de fraude al Estado, sino también a los trabajadores: cuando éstos reciben un pago en negro, se producen situaciones de abuso, normalmente con pagos inferiores a los que deberían pagarse (horas extras, nocturnidad, etc.) y que repercutirán posteriormente a la hora de determinar sus derechos laborales como indemnizaciones por despido, finiquito, prestaciones futuras o jubilación. Sin duda, el problema es la falta de control de las transacciones, puesto que éstas se realizan en metálico. Y, una vez más, asistimos a la indefensión de los trabajadores, que bastante tienen con mantener su puesto de trabajo o ese suplemento de salario adicional.

El fraude en el ocio nocturno

En época estival se multiplican las transacciones en locales de ocio nocturno (discotecas, bares de copas, festivales de verano, conciertos, etc.), en los que queda patente la imposibilidad de controlar tanto el volumen de ingresos como los movimientos tan elevados de efectivo que se producen. Prácticamente todas las adquisiciones en estos establecimientos se realizan en metálico; de aquí el reconocimiento patente de Hacienda de que es “casi imposible” frenar el fraude en este sector y que el ocio nocturno es uno de los negocios más fraudulentos. La enrevesada red de sociedades, ingresos, pagos y facturas irregulares, o defraudación del impuesto sobre el alcohol son la tónica dominante de la mayoría de las discotecas. Pongamos por caso las discotecas. Éstas lo cobra casi todo en efectivo y es prácticamente imposible controlar el dinero que recaudan; la Agencia Tributaria y la Policía son muy conscientes de que las grandes discotecas son verdaderos escaparates de delitos de lo más diverso: blanqueo de dinero (del narcotráfico, casi siempre), fraude de IVA, defraudación del impuesto especial de alcohol, contrabando de tabaco…. pero poco pueden hacer. La única solución sería que los clientes pagaran las copas con tarjeta de crédito, o que exigieran la expedición de un ticket del que pudiera realizarse un control exhaustivo, pero ni el pago en efectivo para este tipo de operaciones puede hacerse obligatorio ni los clientes necesitan la obtención del ticket para una posterior deducción.

El problema de los negocios de ocio nocturno se agrava sobremanera cuando vemos que a los mismos está accediendo el crimen organizado: fundamentalmente el narcotráfico, pero también la prostitución o el contrabando de armas. La situación, iniciada con el asentamiento de las mafias rusas en Marbella, se ha extendido ya por la costa mediterránea y ha llegado hasta Madrid. No hay cifras de cuánto dinero se blanquea en las miles de discotecas españolas, aunque el Sepblac calcula que cientos de millones de euros. Pero ni la Guardia Civil ni la Policía cuentan con unidades concretas para investigar estos locales. Y además del blanqueo, el fraude masivo de IVA y la defraudación del impuesto especial de alcoholes, en la cuenta de estafas entra el famoso “garrafón”, esto es, el alcohol de mala calidad procedente de fábricas clandestinas o de países que no gravan el alcohol, como Portugal o Andorra. Es un detalle importante, ya que más del 70% del precio de una botella de alcohol se corresponde a impuestos.

¿Pero realmente permanece inactiva la Administración?

La lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal es una de las principales obsesiones de la Agencia Tributaria. Y a esta cruzada parece que se le ha juntado el Ministerio de Empleo, que pretende, además, que sean los propios ciudadanos los que delaten al defraudador. Así, el Ministerio que dirige Fátima Báñez puso en funcionamiento el “buzón de lucha contra el fraude laboral”, donde cualquier ciudadano puede efectuar sus denuncias de forma anónima.

El trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social constituyen para la Inspección Laboral una de las mayores amenazas al Estado del Bienestar. De hecho, en 2013, y según los datos oficiales, hay presupuestadas 255.000 visitas de los inspectores a centros de trabajo en el marco de las actuaciones de control de la economía irregular y el trabajo de extranjeros. Por su parte, la Agencia Tributaria está haciendo sus deberes: primero fueron las Fallas de Valencia, luego la Feria de Abril de Sevilla y ahora es la hostelería de sol y playa la que está en el punto de mira del Ministerio de Hacienda. En efecto, en los meses pasados la Agencia intensificó su lucha contra el fraude fiscal y se presentó en varias fallas valencianas y casetas de la Feria de Abril con el fin de reclamar a sus responsables las facturas y justificantes de pago a proveedores. La situación llegó a tal extremo que la misma alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, denunció la “absoluta insensibilidad” de Hacienda con las Fallas y con la ciudad.

Y ya en el apartado jurídico, en el preámbulo del proyecto de la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Alquiler se señala que “en los últimos años se viene produciendo un aumento cada vez más significativo del uso del alojamiento privado para el turismo”, lo cual podría dar “cobertura al intrusismo”. El proyecto pretende dejar a este tipo de alquileres fuera de la regulación de la LAU para someterlas a la normativa sectorial, en manos de las Comunidades Autónomas. Estas ya han puesto en marcha normativas más restrictivas, como es el caso de Cataluña, o bien han anunciado que lo harán, como la Comunidad de Madrid. De hecho, las Administraciones llevan años debatiendo acerca de cómo poner coto a estas viviendas. De momento el Gobierno deja claras sus intenciones en el preámbulo del proyecto: recogiendo el diagnóstico del Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015, que cifra el crecimiento de los turistas alojados en apartamentos en el 15% anual, considera que esa proliferación de viviendas vacacionales podría ir en contra de la “calidad de los destinos turísticos”.

Bien es verdad que la presión fiscal no puede ser excesiva, y más cuando a ningún empresario le rebajan los impuestos cuando tiene la temporada baja. Los impuestos deben de ser razonables. No podemos tener tipos impositivos altísimos porque la gente dejaría de pagar. Pero la existencia de unos impuestos razonables es responsabilidad de todos, de los políticos que los establecen, de los gestores públicos que deben gastarlos de forma eficiente y transparente, pero también y sobre todo de los ciudadanos, que deben tener la certeza de que la permisividad ante el fraude siempre va a suponer un incremento de impuestos al resto de contribuyentes responsables. Y en este punto, los datos sobre nuestro país son claros: en febrero de este año, el Instituto de Estudios Económicos se hizo eco de datos del Institute for Management Development, según los cuales “España ocupa el puesto 51 de 59 países en los que se analizó el peso de la economía sumergida. La posición española está justo debajo de la italiana, la eslovaca, la eslovena y la griega”.

En definitiva, o algo cambia radicalmente en la cultura política y social del país, o nuestro camino hacia el desastre está asegurado.

[Miguel Ángel Mayo es colaborador de mientrastanto.e y coordinador en Cataluña del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha)]