Razones para no firmar el manifiesto “Cataluña por la seguridad humana y la paz"

Pere Ortega y José Luis Gordillo

Ante la invitación que muy amablemente se nos ha hecho para firmar el manifiesto pacifista Cataluña por la seguridad humana y la paz, queremos dejar constancia de nuestros argumentos para no hacerlo.

En primer lugar, para evitar malentendidos queremos dejar claro lo siguiente: Cataluña es una nación porque así lo quiere la inmensa mayoría de la población catalana y así lo ha afirmado en repetidas ocasiones una amplia mayoría del Parlament de Cataluña. Es por ello que el pueblo catalán debe gozar del derecho a escoger su futuro, y en este sentido somos claramente partidarios de la celebración de un referéndum o consulta sobre la creación de un estado propio.

Respecto al documento referido, como pacifistas estamos plenamente de acuerdo en que todo el proceso de autodeterminación debe ser pacífico. Asimismo suscribimos todas las referencias a Gandhi, Luther King y a todos los antecedentes históricos que avalan las raíces de una cultura de paz en Cataluña. No obstante, también debe recordarse que han existido en Cataluña precedentes históricos belicistas y de violencia extrema contra otros pueblos que no nos hacen sentir nada orgullosos de algunos episodios de nuestro pasado, como el desperta ferro de los almogávares y las brutalidades cometidas en las conquistas imperiales de hace unos cuantos siglos.

Volviendo al documento, no estamos en absoluto de acuerdo con que esté “agotado” el camino del diálogo en el conflicto que enfrenta al catalanismo con las fuerzas políticas españolas. De ser así, tampoco sería posible un proceso pacífico de autodeterminación que finalizase en la secesión, porque ésta también debería ser pactada con las instituciones del estado español. Si todas las posibilidades de diálogo con España están agotadas, queda entonces solamente el camino de la imposición violenta de la voluntad de unos o de otros (y hasta esta forma de resolver el conflicto acabaría con algún tipo de pacto). Sería negar nuestra condición de pacifistas afirmar que el diálogo entre Cataluña y España está acabado. Todavía queda mucho camino para encontrar soluciones dialogadas a un conflicto que, en la fase actual, comenzó hace siete años (en 2006, cuando se aprueba el nuevo Estatut).

En segundo lugar, tampoco suscribimos las referencias a la construcción de un “nuevo estado independiente”, porque ello prefigura que los firmantes están a favor de la creación de un estado separado de España. Creemos que tenemos más cosas en común que diferencias con el resto de pueblos de Sefarad, tanto los de habla catalana como los galaicos, vascos, andaluces o castellanos. Por tanto todavía hay mucho camino para encontrar encajes federales o confederales aún no explorados. En cambio, ahora se nos propone la creación de un estado independiente a partir fundamentalmente de un argumento que rechazamos por ideológico, el llamado “expolio fiscal de Cataluña por España”. No es verdad que todos los ciudadanos del resto del Estado español expolien fiscalmente a todos los ciudadanos de Cataluña. Esta afirmación es ofensiva para la mayor parte de la población de España, especialmente para sus clases más populares. Es más cierto que las clases trabajadoras y una buena parte de las clases medias asalariadas de los dos lados del Ebro están siendo expoliadas fiscalmente por la burguesía de todos los territorios peninsulares, la cual, desde hace décadas, practica la evasión fiscal de forma sistemática.

Tercero, el manifiesto no dice nada sobre el encaje del nuevo estado respecto a Europa. También en este ámbito es necesario ser explícitos. La propuesta de los principales partidos soberanistas considera a la OTAN y a la neoliberal Unión Europea como el destino inexorable de Cataluña. Así pues, en el supuesto de ser aceptada, Cataluña pasaría a depender de los centros de poder que gobiernan la UE actual, un OPNI (objeto político no identificado) que tiene muy poco de democrático. El parlamento europeo, única institución compuesta por personas elegidas directamente por los ciudadanos, tiene tanta relevancia política como el parlamento del Reino de Marruecos. Por tanto, también en este hipotético estado catalán dependeríamos de las decisiones antidemocráticas de las instancias supra-estatales que son las que ahora imponen a España (y a Grecia, Portugal, Italia o Irlanda, entre otros) las políticas de austeridad, el empobrecimiento y desmantelamiento del mal llamado “Estado del Bienestar”, así como la participación en guerras de agresión. Es por eso que en este viaje no vemos demasiadas ventajas porque, en la etapa de globalización e interdependencia en la que vivimos, los estados han perdido gran parte de su soberanía y la han cedido a unos organismos que no tienen nada de democráticos. Como han dicho algunos, la independencia que se nos propone sería una independencia de juguete o de la señorita Pepis.

Por último, los estados continúan siendo —y ahora es más visible que nunca— la máxima expresión de la violencia institucionalizada, así como los garantes últimos de la reproducción histórica de la violencia estructural, la cual en estos momentos está determinando el aumento de las desigualdades entre ricos y pobres y entre ciudadanos autóctonos e inmigrantes. En Bruselas, Madrid o Barcelona, lo que hay desgraciadamente son estructuras de poder que sobre todo defienden los intereses de las oligarquías empresariales y financieras. Y en toda la UE hay mucha violencia institucionalizada que se traduce en contundentes acciones policiales y en las intervenciones militares en diversos lugares del mundo (el último caso en Malí).

En definitiva, nos parece poco alentador salir de un estado para crear otro de características similares. Ahora y en el futuro, preferimos centrar nuestras energías en reforzar los vínculos con todos aquellos que, dentro y fuera de España, con o sin fronteras de por medio, comparten nuestros ideales de paz, democracia, justicia social y emancipación. Con ellos continuaremos luchando para exigir a cualquier estructura de poder —presente o futura— la resolución pacífica de los conflictos y el respeto a los derechos y libertades fundamentales.

30/1/2013

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