Carlos Jiménez Villarejo

Una palmaria injusticia: las subvenciones públicas a los partidos

La posición de los partidos políticos en el sistema democrático, proclamada en el artículo 6 de la Constitución, obliga a protegerlos frente a ciertos comportamientos que, desde dentro o fuera del partido, adulteran aquella función convirtiéndolos en instrumentos para la obtención de beneficios económicos o de cualquier otra clase.

La noticia publicada el pasado día 7 de diciembre en el BOE genera una reacción entre la estupefacción y la indignación. Porque, una vez más, los partidos políticos son beneficiados con fondos públicos, esta vez con 900.000 euros; precisamente en esta etapa de nuestra vida colectiva dominada por el paro creciente, los despidos injustos, la reducción de salarios y sueldos, las privaciones de servicios básicos como la sanidad, la educación o la aplicación de la ley de dependencia, en fin, cuando crece la desigualdad social. Pues, justamente ahora, el Gobierno reparte subvenciones, ciertamente de forma desigual, pero entre todos los partidos, de derechas y de izquierdas, del arco parlamentario. Resulta que el Gobierno del Partido Popular distribuye prebendas, que resultan tan incomprensibles como rechazables, a quienes como representantes de la soberanía popular, si estuvieran presididos por los “principios democráticos” que les impone la Ley de Partidos, deberían rechazarlas y ponerlas a disposición de organizaciones cívicas que tienen como objetivo garantizar a las personas y familias mas necesitadas, por ejemplo las desahuciadas de sus viviendas, un apoyo económico inmediato e inaplazable.

Pero la indignación es aún mayor cuando se comprueba cuál es el objetivo de dichas subvenciones y, sobre todo, qué se hace en nombre de la “cooperación al desarrollo” internacional. Subvenciones que se mantienen íntegras, mientras que la partida de los Presupuestos para 2013, para dicho objetivo, se reduce drásticamente. Como ha dicho la Coordinadora de ONG’s para el Desarrollo: “La propuesta de la Ley de Presupuestos… de 2013 coloca la política de cooperación española al borde del desmantelamiento, al presentar un nuevo descenso de 300 millones de euros que se suman a los 1.900 millones recortados en 2012” y añade: “Como consecuencia, la AOD (Ayuda Oficial de Desarrollo) se sitúa en el 0,20 % de la RNB, colocando a España en niveles de 1.990 y a la cola de los donantes europeos…” .

En este contexto es como deben analizarse dichas subvenciones. La razón de las mismas son estudios políticos diversos propuestos por los distintos partidos, cuyo contenido se enuncia pero no se precisa, en la Resolución que concede la subvención, que es la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores. Entre los estudios subvencionados pueden citarse, a título de ejemplo, proyectos tan difusos como “Programa FAES para la promoción de la libertad, la democracia y los derechos humanos en los países en desarrollo”(¿), “Programa de promoción de la democracia”, Programa “Voces del Mediterráneo”(CiU) o “Programa encuentros internacionales 2012”. Todos ellos, sin excepción alguna, son de contenido indefinido y, muy fundadamente, de discutible o nula utilidad.

La distribución es la siguiente:

FAES(PP): 529.849,88 euros.
Fundación IDEAS (PSOE): 238.510,39 euros.
Fundación Rafael Campalans (PSC): 36.000,00 euros.
Institut D’Estudis Humanístics- Miquel Coll i Alentorn (UDC): 13.163,97 euros.
Nous Horitzonts Fundació (ICV): 8.227,48 euros.
Sabino Arana Fundazioa (PNV): 16.454,97 euros.
Fundació L’Alternativa (Esquerra Unida i Alternativa): 1.645,50 euros.
Fundación Galiza Sempre (BNG): 3.290,99 euros.
Fundació Josep Irla (ERC): 4.936,49 euros.
Fundación Catdem (Convergencia Democrática de Catalunya): 32.909,93 euros.
Fundación para la Europa de los Ciudadanos (IU): 14.808,47 euros.
Fundación para la Europa de los Ciudadanos (IU): 14.808,47 euros.

Se advierte inmediatamente el trato de favor que se otorga a la Fundación del PP, más de medio millón de euros, y, por tanto, la discriminación de la decisión política y el fortalecimiento económico del partido en el Gobierno. Es evidente que no se corresponde, si la decisión estuviera justificada, con un deseable trato más equitativo. Como también sorprende, el generoso trato otorgado a los nacionalistas catalanes de CiU, que para este fin tan lucrativo no plantean obstáculos a las prebendas del Gobierno que, ellos, suelen llamar “central”, cuando no hostil. Pero, preocupa, sobre todo, que los partidos de la izquierda también concurran a esta distribución de fondos que, desde luego, no se corresponde con los principios ideológicos a los que sirven.

En todo caso, la ética pública y el respeto a los “valores constitucionales” que siempre debe guiar a los partidos políticos democráticos es incompatible con la aceptación de estos favores, otorgados además por un Gobierno que, a la vez que los dispensa, está reduciendo fondos públicos para satisfacer necesidades básicas de la ciudadanía y aumentando la brecha de la desigualdad social y, sobre todo, restringiendo gravemente la lucha contra la pobreza.

[Fuente: Revista electrónica lalamentable, 18 de diciembre de 2012]

18/12/2012

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