Por la regeneración/democratización de la vida política

María José Aubet

El régimen político surgido de la mal llamada “transición española” no cumple prácticamente ninguno de los criterios de una auténtica democracia. Se consolidó un régimen tutelado por una tribu política heredera del franquismo y cuya ideología sigue aún hoy permeando todas las instituciones básicas: no ha habido purga de políticos, de jueces o de otros cómplices de la dictadura, no se ha consolidado una auténtica división de poderes, se ha sustituido la soberanía del demos/pueblo por la de los partidos políticos, se ha troceado el Estado español en varias regiones autónomas sin tradición político-cultural autonómica, y se nos impuso una Constitución que muchos no votamos porque entendimos que no garantizaba unas instituciones democráticas. Urge, pues, una reflexión en profundidad sobre los errores y las perversiones de nuestra “democracia” y proceder a unas nuevas Constituyentes para una nueva Constitución que merezca tal nombre y garantice realmente la soberanía popular, un auténtico nuevo Contrato Social y la moralización de la vida pública.

A continuación proponemos a debate algunos de los puntos y principios, en nuestra opinión insoslayables, para una regeneración moral y política que la ciudadanía, en asamblea constituyente, habrá de tener en cuenta y abordar.

Partidos políticos

  • Supresión de la financiación pública de partidos políticos, sindicatos y fundaciones respectivas. Cuotas de sus afiliados como únicos ingresos. Prohibición total de donaciones de individuos o colectivos privados.
  • Los partidos dejarán de tener entidad jurídica, al menos durante un tiempo prudencial (véase la experiencia holandesa).
  • Obligación de los partidos de celebrar congresos al menos cada dos años a partir de procesos democráticos abiertos.
Instituciones “representativas”
  • Reducción del número de diputados centrales, autonómicos y concejales. Establecer una cuota en los parlamentos para representantes de l@s desemplead@s y desahuciad@s (una cuota proporcional a la tasa de paro).
  • La Cámara Baja deberá ser la única representante de toda la ciudadanía. Ningún partido regional podrá acceder a ella. Ergo, el porcentaje mínimo para entrar en el Parlamento (hoy el 3%) deberá ser nacional y no provincial, como hasta ahora.
  • Supresión del Senado o su transformación en una auténtica cámara territorial.
  • Supresión de todos los entes intermedios: consejos comarcales, diputaciones, delegaciones del gobierno y otras. Agrupación y federación única de municipios. Una ratio razonable entre habitantes y concejales.
  • Supresión de la inmunidad —un privilegio de origen medieval— de los parlamentarios, senadores, presidentes autonómicos, ministros, etc.
  • Incompatibilidad total del puesto de diputado/senador/concejal con cualquier otro trabajo, público o privado. Dedicación absoluta y exclusiva a la función para la que han sido elegidos. Límite de mandatos.
  Sistema y leyes electorales
  • Eliminar de la nueva Constitución toda mención o alusión, directa o indirecta, al sistema electoral. Nuevo sistema electoral y nuevas leyes electorales: instaurar un sistema mayoritario a dos vueltas, al igual que en Francia (el sistema mayoritario es el único en el que los partidos no tienen la última palabra ni deciden el orden y la composición de sus listas); las dos vueltas permitirán visualizar los pactos ante los electores antes de la segunda vuelta.
  • Instauración del Referéndum y de la Iniciativa Legislativa Popular vinculantes. El resultado será válido si vota al menos el 60% del censo electoral. Mínimo 25.000 firmas (en CCAA) y 50.000 (en el ámbito del Estado).
  • Voto obligatorio y traducción en escaños del voto en blanco.
  • Programas electorales vinculantes: no se podrán adoptar medidas que no figuren en los programas, y deberán cumplirse los programas presentados, so pena de destitución e inhabilitación.
  • En las campañas electorales, participación igual de todos los partidos en los medios de comunicación, independientemente de los votos y escaños obtenidos.
  • Celebración de todas las elecciones (generales, municipales, regionales) el mismo día. Prohibición de enviar propaganda (en papel o vía internet).
  • Oficinas abiertas de atención al electorado de diputados y senadores.
  Estructura del Estado
  • Instituir una República presidencialista (= Francia), único sistema que garantiza una auténtica división de poderes.
  • Estatus especial para el País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía, y supresión del resto de las CCAA.
  Justicia
  • Jueces independientes. Expulsión de jueces con fallos letales o demoras injustificadas. Un mismo juez para el mismo asunto, dure lo que dure el proceso de instrucción y judicial. Penalización de cualquier injerencia del Legislativo o del Ejecutivo en el funcionamiento de la justicia.
  • Supresión del Tribunal Constitucional y del CGPJ.
  • Tribunales de Cuentas con poder para enjuiciar y condenar penalmente todas las mal llamadas “irregularidades” (en realidad, corrupciones).
  • Fiscalías especiales para la Mujer (terrorismo de género), el Medio Ambiente (terrorismo medioambiental) y el Tesoro (terrorismo financiero): paralización inmediata de las obras tras la primera denuncia, neutralización efectiva y duradera de los maltratadores, persecución de la fuga de capitales y los paraísos fiscales. Fiscalía especial contra los crímenes del franquismo (dirigida por Garzón).
  Iglesia(s)
  • Separación absoluta Iglesia-Estado. Autofinanciación de las iglesias. Denuncia del Concordato. Pago del IBI por parte de las iglesias. Prohibir las inversiones financieras de las iglesias en televisiones, radios, prensa, inmuebles, etc. Nueva Ley de Desamortización y devolución a la sociedad de las propiedades de la Iglesia.
  Corrupción
  • No prescripción de los delitos (presuntos o no) de corrupción. Aumento sustancial de las penas. Potenciación de las fiscalías anticorrupción y antifraude. Lucha contra mafias, redes clientelares y el crimen organizado. Destitución cautelar de los inculpados. Inhabilitación de por vida de los inculpados.

POR UNA AUTÉNTICA DEMOCRATICACIÓN Y MORALIZACIÓN DE LA VIDA PÚBLICA Y POLÍTICA, POR UN NUEVO PROCESO CONSTITUYENTE

1/9/2012

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