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Joan Busca

Autoritarismo y violencia

La deriva autoritaria de las políticas conservadoras parece imparable. Y claramente visible en nuestro país, donde la derecha ha conservado gran parte de sus privilegios y de su tradición cultural. No es posible aplicar un plan de ajuste como el español, el italiano, el griego o el portugués sin ejercer una violenta coacción para impedir que las protestas vayan más allá de límites tolerables. La enorme campaña propagandística del “no hay alternativa” que los expertos recomiendan, o los mercados demandan, no es suficiente para desmovilizar a la sociedad. Y, a medida que crecen las protestas, se desarrollan con una fuerza inusual políticas represivas que derivan claramente en un vaciamiento real de los derechos políticos básicos. La erosión de los pocos elementos de democracia real (los derechos sociales básicos) corre paralela a la de la democracia formal (los derechos políticos y la ficción de la ciudadanía protagonista de la vida social deja paso a la recuperación de una sociedad estamental, conformada por individuos con derechos diferenciados según el estatus social, en que los extranjeros sin papeles ocupan, de momento, el lugar más bajo de la escala).

Todo esto es conocido. Lo experimentamos todos los días y se ha exacerbado a raíz de la reciente huelga general: encarcelamientos injustificables, uso masivo de medios violentos, promoción de la delación, propuestas de ley orientadas a criminalizar a cualquier organización social, criminalización de la resistencia pacífica. Se trata de la vieja estrategia de diferenciar al ciudadano de orden del revoltoso, de promover la parálisis mediante el miedo, de generar una imagen violenta de los movimientos sociales que permita su aislamiento. De paralizar las respuestas sociales. Los Puig y los Fernández Díaz aplican una estrategia tradicional que no duda en dar prioridad a la defensa de la injusticia en detrimento de la libertad y la democracia.

Es una estrategia peligrosa, sobre todo para quienes somos víctimas potenciales de la misma. Y por esto es necesario que nuestras acciones tomen en consideración la necesidad de cortocircuitar, en la medida de lo posible, esta estrategia de criminalizar la disidencia y camuflar la injusticia. Y en este campo es evidente que la línea de respuesta que se adopte va a jugar un papel esencial. No hay nada que legitime tanto al poder como el enfrentamiento directo con una acción que puede aparecer violenta. Especialmente cuando se puede presentar “troceada” en los medios de comunicación para que el espectador pasivo no pueda entender el conjunto del proceso. Y no hay nada que resulte, al menos, tan difícil de digerir por el poder como la violencia contra protestas pacíficas. La violencia en el desalojo de la plaza de Catalunya el año pasado, las imágenes de policías pateando a personas que estaban simplemente sentadas y la imposibilidad de aportar, por parte de los Mossos d’Esquadra, pruebas de que se había enfrentado a una manifestación violenta hicieron mucho para reforzar las simpatías de parte de la población hacia los jóvenes del 15M.

Ahora que la opción represiva se ha reforzado, ayudándose con las imágenes efectistas de la huelga general en Barcelona, los movimientos sociales deben saber desarrollar una línea de acción que combine resistencia y acción pacífica. Que evite generar una imagen del teatro de la acción favorable al discurso represivo. Porque, al final, donde nos jugamos la libertad y la democracia es en la capacidad de sumar millones de personas a la defensa activa de los derechos. Donde podemos desactivar la represión es socavando su legitimación. Y ello requiere huir de escaramuzas infantiles y optar por una perseverante e incansable lucha en defensa de las libertades, los derechos y la justicia. Un objetivo que debe también tratar de aislar el uso de la fuerza bruta como un medio legítimo de relación social. Toda la historia de la indignidad humana está llena del uso y abuso de la violencia. Un abuso que fue una parte crucial del primer intento histórico de construcción de una sociedad igualitaria.

27/4/2012

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